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Wilson Aguilar

Organismos: Gobierno usa Covid-19 para vulnerar libertad de expresión

Human Rights Watch (HRW) y la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) cuestionaron que el Gobierno de la presidenta Jeanine Áñez utilice la pandemia de la Covid-19 para pisotear la libertad de expresión y penalizar expresiones de interés público.

El pasado 7 de mayo, el Ejecutivo aprobó el Decreto Supremo 4231 que en su disposición única prevé la acción penal en contra de las personas que difundan información, en sus diferentes formatos, que atente contra la salud pública.

Anteriormente, la administración de Áñez avaló en los DS 4199 y 4200, normas para combatir el coronavirus, activar procesos penales en contra de las personas que “desinformen” sobre este mal que aqueja a Bolivia y gran parte del hemisferio.

“El nuevo decreto de Jeanine Ánez prevé cárcel para quien escriba o difunda un comentario o un trabajo artístico que ‘genere incertidumbre’ sobre temas de salud. Eso es usar el Covid-19 para pisotear la libertad de expresión de los bolivianos”, afirma en su cuenta Twitter el director de HRW, José Miguel Vivanco.

La disposición adicional única del DS 4231, referida a ampliar la gratuidad para los tratamientos contra el cáncer, refiere: “Las personas que difundan información de cualquier índole sea en forma escrita, impresa, artística que pongan en riesgo o afecten a la salud pública, generando incertidumbre en la población, serán pasibles a denuncias por la comisión de delitos tipificados en el Código Penal”.

En tanto, el relator de la Libertad de Expresión de la           CIDH, Edison Lanza, sostiene que este tipo de normativa va en contra los enunciados del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

“No es compatible con el Sistema Interamericano (de Derechos Humanos) el uso del derecho penal para expresiones de interés público”, señala el relator especial en su cuenta Twitter.

Cabe señalar que la Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión indica que: “La libertad de expresión, en todas sus formas y manifestaciones, es un derecho fundamental e inalienable, inherente a todas las personas. Es, además, un requisito indispensable para la existencia misma de una sociedad democrática.”

En esta perspectiva, Lanza menciona a través de otro mensaje en su cuenta que envió una nota al Gobierno de Bolivia “sobre el deber de adecuar normas internas. No es compatible con el Sistema Interamericano el uso del derecho penal para expresiones de interés público. La desinformación se combate con acceso a información pública”.

Pese a todas las observaciones, el ministro de la Presidencia, Yerko Núñez, asegura que esta medida no alcanza a la prensa, porque para el sector se aplica la Ley de Imprenta.

Como antecedente, el pasado 7 de abril, HRW expresó que el Gobierno interino de Bolivia aprovecha la pandemia para arrogarse el poder de sancionar penalmente a quienes publiquen información que las autoridades consideren incorrecta.

El 25 de marzo pasado, la presidenta Áñez dictó el DS 4200, que amplió las medidas de cuarentena por la Covid-19, y que en su artículo 13 disposición II estipula que:  “Las personas que inciten el incumplimiento del presente Decreto o desinformen o generen incertidumbre a la población, serán sujeto de denuncia penal por la comisión de delitos contra la salud pública”.

 

“El nuevo decreto prevé cárcel (...) Eso es usar la Covid-19 para pisotear la libertad de expresión de los bolivianos”.

 

ASOCIACIONES RECHAZAN NORMA

La Asociación de Periodistas de Bolivia (ANPB) y otras asociaciones departamentales  ya han expresado su rechazo a dicha norma porque “establece una severa restricción, inconstitucional e inconvencional, al penalizar el derecho humano y fundamental a la libertad de expresión”.

Ante la versión de que esta disposición no afecta a la prensa, las organizaciones gremiales han recordado que la Ley de Imprenta establece que no sólo los periodistas, sino “todo hombre tiene el derecho a publicar sus pensamientos por la prensa, sin previa censura”.

En tanto, en un comunicado, la Asociación Nacional de la Prensa (ANP) expresó que: “Hace pública su profunda preocupación por el contenido del decreto 4231 que amplía restricciones a la libertad de expresión contenidas en los decretos 4199 y 4200, aplicados en tiempos de pandemia”.

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