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Redacción Central

Áñez cumple seis meses detenida, ahora espera respuesta de la CIDH

El lunes se cumplieron seis meses desde que la expresidenta transitoria de Bolivia Jeanine Áñez se encuentra con detención preventiva por el caso denominado “golpe de Estado”. La Fiscalía no tardó en pedir otros seis meses de detención. Mientras la exmandataria aguarda la respuesta de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre su situación. 

Áñez, de 54 años, se encuentra detenida preventivamente en una cárcel en La Paz en medio de pedidos de su familia para el cierre de dicho caso y de libertad para la exmandataria, quien el pasado mes sufrió varios problemas de salud por su hipertensión arterial y la depresión que presenta.

La exmandataria transitoria fue aprehendida en su natal Beni el pasado 13 de marzo y fue enviada de forma preventiva a una cárcel en La Paz inicialmente por cuatro meses, que más tarde se ampliaron a seis y es acusada de los presuntos delitos de sedición, terrorismo y conspiración en la crisis política y social de 2019.

A juicio de Luis Guillén, uno de sus abogados, el Ministerio Público “no ha logrado establecer si ha existido un hecho delictivo” en estos seis meses y no hay una acusación formal, por lo que corresponde que “emita una resolución de rechazo”.

“Estamos atentos y pensamos que mañana la autoridad judicial va a cumplir la obligación que tiene y va a levantar la detención preventiva”, comentó el jurista.

Aun así, Áñez debe cumplir otra detención de seis meses que se dictó en agosto por otro proceso dentro del caso “golpe de Estado”, en el que se la acusa por los presuntos delitos de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la ley.

CIDH

Después de mucha insistencia, la CIDH ya escuchó la solicitud que presentó la expresidenta Jeanine Áñez y la respuesta del Gobierno boliviano para la emisión de una medida cautelar que obligue o no al Ejecutivo y a la justicia boliviana a que permitan su salida a un centro médico o incluso a que pueda defenderse en libertad. La organización emitirá una resolución en las próximas horas.

Hace dos semanas, la CIDH escuchó a Carolina Ribera, la hija de la expresidenta Áñez, Ella explicó los problemas de salud que afligen a su madre. 

Luego, a fines de la semana pasada, el Gobierno envió una respuesta a la CIDH. Fuentes del Ejecutivo revelaron que la defensa se basó en un documento que detalla el contenido de una junta médica, en la que, de forma mayoritaria, los galenos de distintas especialidades coincidieron en que ella está estable y puede ser tratada en prisión.

Se espera que en esta semana haya una respuesta de la CIDH. Mientras tanto, Áñez afronta una sanción. 

Sanción

La expresidenta no podrá recibir visitas durante tres días en la cárcel por decisión del Régimen Penitenciario. La medida es una sanción contra la exautoridad por una presunta inasistencia a una audiencia virtual judicial.

El director departamental de Régimen Penitenciario, Franz Laura, afirmó que la sanción se basa en el numeral 9 del artículo 130 de la Ley 2298, el cual tipifica como falta muy grave el “negarse a asistir a actuaciones judiciales, de forma injustificada”.

SEIS meses en la cárcel

se encuentra la expresidenta, Jeanine Áñez, y ahora se pide otros seis meses adicionales. 

 

PATTY: “NO  CORRESPONDE JUICIO DE RESPONSABILIDADES”

La exdiputada oficialista Lidia Patty, quien presentó la denuncia en contra de Áñez en el caso denominado “golpe de Estado”, señaló que “no corresponde un juicio de responsabilidades” y que es una equivocación del Gobierno boliviano.

A juicio de Patty, al hacerle a Áñez un juicio de responsabilidades se estaría avalando que su Presidencia fue “constitucional”. Pero el oficialismo considera que fue producto de un “golpe de Estado”.

Este mes, el Parlamento recibió de la Fiscalía la proposición acusatoria contra Áñez para el inicio del juicio de responsabilidades por la muerte de civiles en Sacaba y Senkata en 2019, tras los comicios fallidos que derivaron en una crisis política y social.

En el Parlamento están otras proposiciones acusatorias por la autorización de un crédito con el Fondo Monetario Internacional (FMI) sin aval del Legislativo, entre otros. 

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