Dos generales están en la mira por el caso Senkata
La fiscalía de La Paz resolvió ampliar la investigación del caso denominado “masacre de Senkata” en contra del excomandante en Jefe de las FFAA, General, Sergio Orellana, porque supuestamente fue quien ordenó el operativo de despliegue de cisternas para sacar el combustible de la planta de YPFB rumbo al Estado Mayor, informó la abogada, Jalith Mariño, quien ahora defiende al general Luis Fernando Valverde Ferrufino.
“Extrañamente el 19 de noviembre de 2020, la fiscalía genera una ampliación de investigación en contra del señor Luis Fernando Valverde Ferrufino por los delitos de homicidio, lesiones graves y leves además solicitan una ampliación del plazo preliminar de otros 30 días más, así transcurrieron 365 días de una investigación preliminar que debía durar 20 días”, protestó la abogada.
El martes, la Fiscalía de La Paz emitió la imputación contra el general Valverde Ferrufino, que en ese entonces se desempeñaba como director de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH). Presumen que este militar ordenó el operativo de defensa de la planta, lo que ocasionó la muerte de unas 10 personas por heridas de bala.
Según el cuaderno de investigaciones, al margen de Orellana figuran como investigados, los exministros de Hidrocarburos, Víctor Hugo Zamora; de Defensa, Fernando López; y de Gobierno, Arturo Murillo. Además del comandante que dirigía la unidad mecanizada en la planta, Coronel, Franko Suárez González y entre ellos figura ahora el nombre del general Sergio Orellana.
La abogada Mariño también informó que los fiscales solicitaron a la jueza, que está a cargo de este caso, una nueva ampliación de la investigación en contra de dos personas civiles de quienes se sospecha que fueran los autores de los disparos que acabaron con la vida de una decena de personas. Estas personas son Benedicto Villca Soto y Eddy Saavedra a quienes las autoridades los estás buscando.
ALGO RARO
Mariño informó que existe una instructiva del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de La Paz para que se suspendan todas las audiencias presenciales por el rebrote del coronavirus Sars-COV-2 hasta el próximo 17 de febrero.
Pero inexplicablemente, las autoridades judiciales fijaron audiencia cautelar en contra del exdirector de la ANH, el general Valverde, para el 12 de febrero y de manera presencial. Su abogada cree que es porque existen órdenes determinadas sobre el caso de su cliente porque no es casual que convoquen a una audiencia presencial.
Mariño dijo que existen una serie de irregularidades en este caso y que por eso adoptaron dos líneas de defensa. La primera es la presentación de un incidente de actividad procesal defectuosa que debe ser solucionado previo a la audiencia de medidas cautelares.
La segunda estrategia es acudir a tribunales internacionales, debido a que presentaron ante la CIDH una denuncia de violación de los derechos del ex director de la ANH y solicitaron medidas cautelares para evitar que sea detenido.
La mencionada abogada agregó que la Fiscalía pidió ampliación de la investigación en siete oportunidades, lo que es una irregularidad abierta porque el juez no podía permitir que se amplíe más de 40 días en caso de ser casos complejos.
