Gobierno bloquea la Ley de Estado de Excepción
El Gobierno bloquea el proyecto de Ley Estados de Excepción con un recurso legal y mientras no se pronuncie el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) no podrá entrar en vigencia.
El ministro de la Presidencia, Yerko Núñez, dio a conocer dicha determinación mediante una carta enviada a la presidenta de la Cámara de Senadores, Eva Copa (MAS).
En ese marco, la autoridad afirmó que al no existir un pronunciamiento oficial de rechazo por parte del TCP se suspende el procedimiento de promulgación de esa propuesta normativa, así como su publicación, en el marco del artículo 113 de la Ley 254 del Código Procesal Constitucional.
A través de la misiva, Núñez recordó que el 24 de junio se presentó ante el TCP la consulta sobre la constitucionalidad del proyecto de ley de estados de excepción, en el marco del numeral 7 del artículo 202 de la Constitución Política del Estado (CPE), para que se ejerza el control de constitucionalidad a priori y se vele por la supremacía de la Carta Magna.
Dicho artículo establece que la decisión del TCP sobre las consultas del Presidente, la Asamblea, del Tribunal Supremo de Justicia o del Tribunal Agroambiental sobre la constitucionalidad de los proyectos de ley es de "cumplimiento obligatorio".
La medida surge luego de que Copa promulgó, el 23 de julio, el proyecto de ley de estados de excepción.
El Ministro de la Presidencia recalcó además que, según la página web oficial del TCP, se evidencia que Copa tiene pleno conocimiento de esa consulta sobre constitucionalidad, tomando en cuenta que la senadora estuvo, el 6 de julio, en el Tribunal Constitucional para presentar un memorial.
"En consecuencia, usted reconoció la jurisdicción constitucional; en ese contexto, pido a usted señora Presidenta (Copa), no incurrir en posibles actos u omisiones ilegales o indebidos que restrinjan, supriman o amenacen restringir los derechos reconocidos por la Constitución o la ley", señala el documento.
Uno de los artículos que generó la polémica es el que establece que los funcionarios civiles, militares y policiales "serán responsables de los actos que emitan, de las órdenes que impartan y las acciones en ejecución del estado de excepción".
