Sigue en pie el problema de los padres de familia
Lo ocurrido el pasado jueves, con el cerco al Jach’a Uta por parte de padres de familia, rememoró la tragedia de 2016, cuando otra movilización de los papás cercó y quemó predios del Municipio alteño, cobrando la vida de seis personas. En esta ocasión tal extremo no llegó a un triste final y de acuerdo con los movilizados solo se trataba de una vigilia para garantizar el diálogo con la alcaldesa Eva Copa sobre educación.
“Por nuestros hijos estamos en las calles y solo nos acusan de que somos políticos ¡No somos políticos¡ Somos padres de familia que buscamos atención para que los colegios se mejoren. Vengan a ver los baños, vengan a ver los tinglados, los pupitres, las paredes del colegio de mis hijos se están cayendo ¿Por qué no nos creen?”, reclamó enardecida doña Irene Choque.
Este medio constató el mal estado en el que se encuentran los establecimientos educativos en El Alto, un problema que data de hace años y así también lo reconoció la primera autoridad del municipio, quien en reiteradas oportunidades calificó las movilizaciones de tener un tinte político.
“(…) este es un movimiento político, sustento técnico no la tienen, hemos respondido sus POA al cien por ciento a las 420 unidades educativas, estamos con el desayuno escolar al día, estamos entregando los kits de medicamentos y de igual manera estamos con la vacunación de punto en punto en las diferentes unidades educativas”, aseguró antes Copa.
Los padres de familia, liderados por la Coordinadora Regional de Madres y Padres de Familia (Corempaf) y la Federación de Padres de Familia (Fedepaf), exigen la reposición del Plan Operativo Anual (POA) 2021 y 2022, el incremento del presupuesto de educación, mejorar infraestructura y equipamiento, medidas de bioseguridad y desayuno escolar en las unidades educativas, entre otras demandas.
INICIO
El conflicto cumple un mes y una semana, sin que se resuelva en su totalidad. Inició con una marcha masiva desde el puente Río Seco, que se dirigió hasta el Jach’a Uta, el pasado 13 de mayo dando a conocer sus pedidos y dando ultimados al Ejecutivo Municipal, con un bloqueo de las “mil esquinas”, huelgas de hambre, hasta llegar a un bloqueo indefinido sino había diálogo para las soluciones.
Al no ser escuchados, los padres de familia (PPFF) llevaron adelante el bloqueo de las mil esquinas el pasado 18 de mayo, con la amenaza constante de que se realizaría un bloqueo escalonado. La medida de presión paralizó la ciudad. “Se sintió mucho”, indicaron los vecinos que se vieron perjudicados por esta situación y pese a ello, no se encontró camino al diálogo.
Posteriormente los PPFF resuelven ingresar a una huelga de hambre, el pasado 23 de mayo. La Defensoría del Pueblo siguió de cerca esta parte del conflicto y fue su principal representante Nadia Cruz, quien denunció días después las posiciones cerradas las partes confrontadas.
“Cuatro intentos fallidos de mesa de diálogo, debido a posicionamientos extremos de los padres y más preocupante y observable del propio Municipio, más allá de ello, lo cierto es que las Unidades Educativas en El Ato se encuentran en mal estado”, hizo conocer en su cuenta de Twitter cuando el bloqueo indefinido arrancó el 8 de junio.
El VIAJE
El tan esperado diálogo con la Alcaldesa, llegó de forma escrita a los padres que cumplían la huelga de hambre y al cuarto día de ayuno. Pero Copa no participó del mismo ese 30 de mayo porque hizo un viaje a Alemania y se ausentó una semana, hecho que generó la molestia e indignación de los papás.
Pese a ello la dirigencia de Corempaf y Fedepaf, lideradas por Evaristo Cruz y Carlos Laura, acudieron al encuentro encabezado por el secretario Municipal de Gestión Institucional, Rudy Balladares, sin embargo no pudo ser instalado porque a la reunión se presentaron grupos de padres de familia “aliados a la actual gestión municipal”, denunciaron los movilizados.
EL CERCO
La tarde del 9 de junio se produjo el cero al Jach’a Uta tras que una comisión de padres se presentó para participar del encuentro con la Alcaldesa a la cabeza de sus líderes, pero se encontraron con las puertas cerradas de la Casa Municipal, provocando la furia de los PPFF que empezaron de a poco a aglomerarse en ese lugar exigiendo diálogo, diálogo que horas antes había sido definido con otro grupo de padres para el día siguiente.
Con ello la Burgomaestre anunció que el bloqueo se levantaría, pero en las calles era lo contrario; tarde-noche, la Casa Municipal quedó cercada y con 700 funcionarios en su interior. Copa salió antes, denunciando que los papás iban a quemar el lugar, incluso su hogar. El diálogo y con la mediación de la Iglesia quedó postergado el 10 de junio, alegando la Alcaldesa falta de garantías.
