Amnistía pide al Gobierno No hostigar a opositores
El Gobierno de Bolivia debe respetar la independencia judicial y abstenerse de hostigar y amenazar a opositores políticos, a través de disposiciones legales, procesos penales, declaraciones públicas o detenciones, señala un comunicado de la organización Amnistía Internacional.
La Fiscalía General del Estado debe realizar una investigación sobre la detención del juez Hugo Huacani y llevar a las personas sospechosas de responsabilidad penal ante la justicia, agrega Amnistía.
El 22 de mayo en La Paz, el juez Hugo Huacani fue detenido por la Policía poco antes de iniciar una audiencia del proceso que enfrentan el recientemente destituido exministro de Salud, Marcelo Navajas, y otras personas funcionarias del actual gobierno, acusadas de la presunta compra con sobreprecio de respiradores en el contexto de la pandemia de Covod-19.
El 23 de mayo, el juez fue liberado tras una resolución judicial que, de acuerdo con información pública, habría declarado su detención como ilegal. Ese mismo día, la Fiscalía Departamental de La Paz informó que no había participado en la detención del juez ni emitido una orden de aprehensión en su contra.
El 24 de mayo, el ministerio de Gobierno admitió en un comunicado haber ordenado su detención por estar en desacuerdo con la decisión del juez de cesar la prisión preventiva de otra persona, procesada en un caso de terrorismo que se sigue contra el exministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, del partido ahora de oposición Movimiento Al Socialismo (MAS).
EL CASO
Amnistía Internacional considera que la detención del juez Huacani fue arbitraria por estar fundada en el mero desacuerdo de autoridades gubernamentales con una decisión judicial. Además, dicha detención y la acusación hecha por el ministerio de Gobierno podrían afectar la independencia del proceso judicial que permitiría esclarecer las responsabilidades penales por el presunto uso indebido de recursos destinados a garantizar la vida y la salud de pacientes en necesidad de cuidados intensivos en el contexto de la pandemia de Covid-19.
En ese contexto, también el 23 de mayo el ministro del Gobierno declaró, en relación con el caso de la ratificación de ascensos para personal de las Fuerzas Armadas por la Asamblea Legislativa.
“La Asamblea Legislativa está cometiendo un grave delito (…) Está tratando de perjudicar a los militares y los militares están molestos (…) Pero lo que sí deben saber los de la Asamblea, que son pasibles a un juicio por incumplimiento de deberes. Tiene cárcel. Cuidado. Y los diputados y senadores no tienen inmunidad diplomática. Cuidado que mañana estén en la cárcel y digan que es persecución política”, apuntó.
Por otra parte, agrega Amnistía, debe destacarse que las Fuerzas Armadas han sido un actor clave en la represión de la protesta social en noviembre de 2019, en donde las autoridades respondieron de manera violenta ante las críticas, las protestas, el escrutinio de los medios de comunicación e, incluso, ante los incidentes de violencia cometidos por terceros.
De acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al menos 35 personas perdieron la vida y más de 500 resultaron heridas por la actuación violenta de las fuerzas armadas y policiales contra manifestantes y esos hechos continúan en la impunidad.
