Exvicepresidente en la mira por clausurar el año escolar
La Fiscalía imputó al exministro de Educación y exvicepresidente de la República, Víctor Hugo Cárdenas, por la clausura del año escolar de 2020 y está en riesgo de recibir detención domiciliaria, como medida cautelar mientras se desarrolla el proceso penal.
La información fue revelada por el ministro de Justicia, Iván Lima, quien aclaró que el proceso penal se inició bastantes meses atrás.
La imputación es contra Cárdenas y el exviceministro de Educación Regular, Limbert Ayarde, por los delitos de resoluciones contrarias a la Constitución y desobediencia a decisiones en procesos de amparo constitucional, indicó Lima.
Según el Ministro, la Fiscalía está pidiendo la detención domiciliaria de Cárdenas, tomando en cuenta su estado de salud.
El Ministro manifestó que la clausura del año escolar se hizo de manera grosera, como en ninguna otra parte del mundo, y formó parte de “un grave retroceso en muchos temas de derechos humanos”.
Señaló que, en una fecha tan relevante el Día del Niño de este 12 de abril, se debe empezar a pedir cuenta a quiénes han afectado el derecho de los escolares.
La clausura del año escolar se decidió en agosto de 2020, en medio de la pandemia. La medida fue criticada por afectar el derecho a la educación.
EL PEDIDO
El ministro de Justicia, Iván Lima, informó que la Fiscalía solicitó detención domiciliaria por los delitos de resoluciones contrarias a la Constitución Política del Estado y desobediencia a decisiones en proceso de amparo constitucional, luego de haber clausurado la gestión escolar en 2020.
“La imputación está pidiendo detención domiciliaria, pero vamos a hacer la investigación exhaustiva por estos delitos y contra otros partícipes que habrían sido parte de esa decisión que fue contraria a nuestra niñez, nuestra juventud y a la situación de la educación en el país. No se puede tomar ese tipo de decisiones”, enfatizó la autoridad nacional.
Al exvicepresidente de Bolivia entre 1993 y 1997, y ministro de Educación en el Gobierno transitorio le abrieron el proceso penal por los delitos de resoluciones contrarias a la Constitución Política del Estado y desobediencia a decisiones en proceso de amparo constitucional.
El 31 de julio de 2020 fue clausurada la gestión escolar en unidades educativas fiscales, privadas y de convenio, en plena pandemia de la Covid-19 y ante el conflicto con representantes del Magisterio. La decisión fue informada por el mismo Cárdenas quien días después aclaró que se refería a la suspensión de clases presenciales y que podían continuar las virtuales.
Sin embargo, la Sala Constitucional Primera de La Paz anuló la resolución del cierre del año escolar y dio al Gobierno nacional 10 días para aplicar una política que garantice la educación, pero el Ministerio de Educación no retrocedió en su determinación.
