Ministro de Gobierno se salva de ser censurado
Con el apoyo de los bloques “radicales” y “renovadores” del Movimiento Al Socialismo (MAS), el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, evitó llegar nuevamente a la votación de la censura durante su interpelación en la Asamblea Legislativa Plurinacional.
La autoridad de Estado acudió nuevamente al hemiciclo para responder a 19 preguntas que fueron elaboradas por tres legisladores de la oposición sobre el envío de efectivos policiales a Santa Cruz, durante el paro cívico iniciado en octubre de 2022 por el Censo.
Durante varias horas, los legisladores de Comunidad Ciudadana (CC) y Creemos brindaron encendidos pronunciamientos en contra de Del Castillo previo a su informe respecto a la labor de la Policía durante las jornadas del paro.
Tras concluir la interpelación, se procedió a la votación por el orden del día puro y simple en la interpelación donde hubo mayoría absoluta, descartando así, la segunda propuesta que consistía en una segunda votación por la censura.
El pasado 23 de mayo, cuando fue interpelado, la mayoría del MAS también aprobó el orden del día en la interpelación de Del Castillo, sobre la aprehensión del gobernador cruceño, Luis Fernando Camacho.
El diputado de Creemos, Erwin Bazán, consideró que la Policía es un “brazo armado” del Gobierno para “reprimir a los cruceños”, en referencia a las jornadas de paro de 2022 en la capital cruceña, principalmente, donde se cumplió la medida de presión.
“Ni lo informes de la propia Policía que es quien opera y comete ccon uso excesivo de la fuerza contra los cruceños, ni lo videos súper producidos armados y montados del ministro son prueba de nada, su palabra, tampoco es prueba de nada”, dijo.
En tanto que la diputada de Comunidad Ciudadana (CC), María José Salazar, dijo que el informe que dio el Ministro de Gobierno en la sesión solo fueron mentiras.
SU INFORME
La mayoría en la Asamblea Legislativa Plurinacional aprobó el informe del ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, durante un acto interpelatorio sobre el envío de policías al departamento de Santa Cruz durante el paro de 36 días.
El vicepresidente David Choquehuanca presidió la sesión en la que Del Castillo respondió 19 preguntas del acto interpelatorio planteado por los legisladores de la opositora Comunidad Ciudadana (CC) María José Salazar, Lissa Claros y Miguel Roca.
Del Castillo afirmó en el acto de fiscalización que el paro de 36 días en Santa Cruz fue un “error político” de los dirigentes cívicos y de la Gobernación, porque el Gobierno en todo momento estuvo abierto a dialogar sobre la base de elementos técnicos y no políticos.
El exdirigente cívico Rómulo Calvo y el encarcelado gobernador Luis Fernando Camacho llevaron al paro cívico exigiendo un censo en 2023. El Gobierno rechazó la propuesta por carecer de un sustento técnico y planteó que una comisión técnica defina la fecha del censo que, finalmente, fue aceptada por los movilizados tras 36 días de paro.
Durante las jornadas de protesta en los 36 días de paro los policías fueron desplazados, explicó, para evitar enfrentamientos y violencia de grupos de choque articulados por la paraestatal Unión Juvenil Cruceñista (UJC).
Cuatro muertos, violencia contra opositores al paro y saqueo y quema de sedes sociales de los campesinos y de la Central Obrera Departamental marcaron la extrema medida de presión que generó pérdidas por más de $us 1.200 millones.
