Asambleístas de Comunidad Ciudadana denuncian “chantaje” con caso Lava Jato
Los legisladores de la bancada de Comunidad Ciudadana (CC) afirmaron ayer que la reactivación del caso Lava Jato es utilizada por el Gobierno para que desistan de la lucha contra los magistrados autoprorrogados. Agregaron que también buscan amedrentar y perseguir judicialmente al expresidente y líder de ese partido político, Carlos Mesa.
El jefe de bancada de CC en Diputados, Enrique Urquidi, aseguró que la justicia “desempolvó un caso después de cinco años”, denominado Lava Jato, para perseguir al líder de esa alianza.
“Claramente están buscando amedrentar y perseguir judicialmente al líder de CC, Carlos Mesa Gisbert. Detrás de esta tramoya judicial, de este montaje judicial, hay objetivos claros (...) hay un chantaje del Gobierno de Luis Arce, del ministro de Justicia Iván Lima Magne, un chantaje para que CC desista de la lucha que hemos venido encarando (...) para que los autoprorrogados de Iván Lima se vayan a su casa. Aquí hay una suerte de amedrentamiento y amenaza a CC para que dejemos esa lucha”, afirmó el asambleísta de la opositora CC. Agregó que la alianza Comunidad Ciudadana está cohesionada y que estarán pendientes y trabajando en defensa de su líder Carlos Mesa, además de los parlamentarios como Carlos Alarcón y otros que están siendo amenazados y amedrentados por este proceso Lava Jato.
Investigación
Antes de que se verifiquen las elecciones de 2019, en noviembre de 2018, la Comisión Especial Mixta que investigó el caso Lava Jato- Odedrecht.
En la oportunidad identificó a ocho exautoridades de Estado involucradas en el polémico caso internacional que salpicó a uno de los proyectos carreteros en Bolivia, la construcción de la carretera Roboré-El Carmen (Santa Cruz).
Entre estos están Carlos Mario Morales Landívar, exministro de Vivienda y Servicios Básicos; Luis Carlos Jemio Mollinedo, exministro de Hacienda; Carlos Romero Mallea, exviceministro de Energía y Electricidad; Carros Silvestre Alarcón Mondonio, exviceministro de Justicia; Mario Avelino Viruéz, exministro de Servicios y Obras Públicas, y Jorge Nicolás Peredo Flores, exgerente general del extinto Servicio Nacional de Caminos (SNC).
El informe policial de Brasil vincula a exautoridades
La Policía de Brasil envió hace cinco años a la comisión que conformó el Legislativo, para investigar el caso Lava Jato en el país, informes que refieren que la empresa brasileña Camargo Correa repartió 4,3 millones de dólares en 51 pagos en Bolivia, para ser favorecida con contratos para la construcción de la carretera Roboré-El Carmen. El documento precisa que el dinero entregado por la constructora llegó a destinatarios identificados con las iniciales C. Morales, C. M. y G. G., que se beneficiaron con el pago de 51 cuotas.
