Fugaz carrera fiscal lleva a Roger Mariaca alcanzar el máximo cargo en Ministerio Público
Roger Mariaca Montenegro es el primer abogado cruceño en alcanzar el máximo cargo en la Fiscalía General del Estado y lo hizo en cuatro años desde que fue designado como fiscal departamental de Santas Cruz. Sucede en el cargo a Juan Lanchipa Ponce quien el lunes se despidió del cargo luego de entregar su informe de gestión.
Mariaca es el cuarto fiscal electo en la Asamblea desde que está en vigencia la nueva Constitución Política del Estado (CPE). En la antigua Carta Magna el fiscal era designado por la Asamblea por dos tercios de voto, sin selección previa, el nombramiento era directo y duraba 10 años en el cargo, además que existía la elección discontinua.
La tarde de este martes el Fiscal General electo tomará posesión del cargo, lo que significa que dejará su cargo en la fiscalía cruceña, así lo permite la CPE y será el cuarto profesional designado en la Asamblea.
El primer caso fue del fiscal Mario Uribe, quien estaba designado al amparo de la antigua constitución. Pero la Asamblea de 2010 determinó prologar su cargo porque atendieron las elecciones judiciales. Así Uribe fue fiscal hasta octubre de 2012 cuando se produjo la primera elección de un fiscal en la Asamblea y fue electo Ramiro Guerrero.
Guerrero juró a su cargo el 23 de octubre de 2012 y permaneció como Fiscal General por los seis años que dicta la nueva Carta Magna. En agosto de 2018 arrancó el segundo proceso de selección del nuevo fiscal y el 9 de octubre de 2018 culminaba todo con el nombramiento de Juan Lanchipa Ponce, quien fue funcionario del Gobierno de Evo Morales y muy cercano a las fuentes de poder. Era el tercer abogado en ocupar el máximo cargo del Ministerio Público.
El 3 de septiembre de este año, el arcismo, con minoría en el Parlamento logró acordar la Ley Transitoria para la Selección y Designación de la o el Fiscal General del Estado (Ley 1579) y arrancó el cuarto proceso que estuvo a punto de sucumbir pues dos de los candidatos perdedores presentaron amparos constitucionales intentando suspender el proceso. Hasta esta fase llegaron 10 postulantes de 76 candidatos que habían presentado sus documentos.
