DEFENSA DE ARCE CUESTIONA DECISIÓN JUDICIAL EN CASO FONDIOC
La defensa del expresidente Luis Arce Catacora anunció que apelará la decisión judicial que rechazó la excepción de extinción de la acción penal por prescripción dentro del proceso vinculado al ex Fondo de Desarrollo para los Pueblos Indígenas Originarios y Comunidades Campesinas (FONDIOC). Los abogados consideran que la resolución vulnera el debido proceso y adelantaron que acudirán a instancias nacionales e internacionales.
En un pronunciamiento público, el equipo jurídico afirmó que el hecho atribuido al exmandatario se remonta a noviembre de 2009 y sostuvo que el plazo legal para la prescripción ya fue superado. Según la defensa, el juzgado desestimó documentación presentada durante la audiencia y mantuvo vigente la causa con base en un monto que, a su criterio, no corresponde al proyecto investigado.
Los abogados señalaron que la imputación se sustenta en una cifra superior a Bs 327 millones, resultado de la suma de desembolsos efectuados por el FONDIOC a distintas organizaciones sociales entre 2010 y 2011. Aseguran que el caso investigado corresponde únicamente al denominado "Proyecto Tomates", cuyo desembolso, según la documentación presentada por la defensa, fue de Bs 669.876,46.
El equipo legal sostiene que la utilización del monto global busca impedir que el proceso prescriba y cuestionó que se atribuya al exmandatario responsabilidad por recursos asignados a diferentes proyectos ejecutados en el país. También afirmó que la existencia de procesos separados por distintos proyectos vulneraría el principio constitucional que prohíbe juzgar dos veces a una persona por los mismos hechos.
Asimismo, la defensa expresó su preocupación por las implicaciones que, a su juicio, podría tener este criterio para organizaciones sociales que recibieron recursos del FONDIOC, al considerar que podría derivar en nuevos procesos penales.
Finalmente, los abogados ratificaron que agotarán los recursos legales disponibles dentro del país y, de ser necesario, acudirán a organismos internacionales de protección de derechos humanos para denunciar lo que califican como una vulneración de las garantías del debido proceso.
