LARA PIDE AL GOBIERNO FRENAR EL DECRETO DEL DIÉSEL Y DIALOGAR CON LOS SECTORES
El vicepresidente Edmand Lara planteó una revisión integral de la política de combustibles y pidió al Ejecutivo detener temporalmente el Decreto Supremo 5676, que modifica el costo del diésel para determinados compradores.
La autoridad sostuvo que antes de aplicar cambios que pueden repercutir en distintos sectores de la economía se debe escuchar a quienes utilizan el carburante para trabajar. Por ello, propuso reunir a representantes del transporte, productores y trabajadores con el Gobierno para analizar alternativas.
Uno de sus principales cuestionamientos apunta al posible efecto en los costos de producción y traslado de mercancías. Lara consideró que un incremento en estos gastos puede terminar trasladándose a los productos que adquiere la población, especialmente alimentos y otros bienes de consumo diario.
El vicepresidente también puso el foco en YPFB. Reconoció que la estatal enfrenta dificultades, pero planteó que primero se deben identificar las causas mediante auditorías y controles sobre el manejo de los recursos y la distribución de carburantes.
A estas medidas sumó un mayor control frente al contrabando de diésel, al considerar que las pérdidas ocasionadas por esta actividad deben ser atendidas antes de trasladar mayores costos a quienes dependen del combustible para generar ingresos.
Durante su pronunciamiento, Lara calificó el nuevo escenario como un “Dieselazo” y cuestionó que una decisión de esta magnitud se haya tomado sin un proceso previo de consulta con los sectores involucrados.
El segundo mandatario también rechazó que se dé por hecho que el cambio de precio carecerá de efectos sobre la economía familiar. Afirmó que cualquier modificación debe sustentarse en estudios que permitan medir sus consecuencias y establecer mecanismos para evitar mayores dificultades a la población.
Su planteamiento contempla tres acciones principales: dejar en pausa el decreto, instalar una instancia de concertación y revisar el funcionamiento de YPFB mediante fiscalizaciones y medidas contra el desvío ilegal de carburantes.
Lara sostuvo que la salida a la actual situación debe priorizar el fortalecimiento de la producción nacional y una distribución equilibrada de los costos. A su criterio, las decisiones económicas deben considerar tanto la sostenibilidad del Estado como las condiciones de quienes dependen del trabajo diario para sostener a sus familias.
