GOBIERNO DENUNCIA DAÑO DE BS 870 MILLONES EN CONTRATOS DE YPFB
El Gobierno presentó dos denuncias ante el Ministerio Público contra 14 personas por un presunto daño económico superior a Bs 870 millones relacionado con contratos de YPFB para abastecer de materia prima a la Planta de Biodiésel I, en Santa Cruz.
El viceministro de Transparencia, Seguridad Jurídica e Integridad Pública, Yamil García, explicó que la investigación apunta a contratos firmados entre YPFB Refinación y Agroindustrial del Este–Indueste S.R.L. para la provisión de aceite crudo de soya. Ambos acuerdos sumaban Bs 1.057 millones.
El problema surgió después de que la empresa recibiera anticipos equivalentes a cerca del 75% del monto contratado y posteriormente incumpliera sus obligaciones. Según García, los acuerdos no contaban con garantías que permitieran asegurar la devolución de esos recursos en caso de incumplimiento.
La autoridad cuestionó además una modificación previa al reglamento de garantías de YPFB Refinación. El cambio eliminó la exigencia de presentar garantías por el cumplimiento del contrato y por el uso correcto de los anticipos para los proveedores de aceite crudo de soya.
Seis días después de esa modificación, YPFB Refinación y la empresa suscribieron los contratos. Los primeros desembolsos comenzaron el 9 de abril de 2024.
Tras el incumplimiento, las partes acordaron finalizar los contratos y la empresa reconoció que debía devolver los recursos recibidos. Sin embargo, la garantía aceptada por el entonces directorio de YPFB consistió en dos terrenos que luego no pudieron ser embargados, debido a que tenían la condición de pequeñas propiedades y la normativa agraria establece su carácter inembargable.
García señaló que las denuncias alcanzan al representante legal de la empresa, Henry I.P., a los socios de la compañía y a exgerentes de YPFB Refinación y de la unidad que solicitó la contratación.
El viceministro sostuvo que el caso no se limita al presunto sobreprecio de $us 10 millones identificado en la Planta de Biodiésel I, sino que también contempla la afectación económica derivada de estos contratos.
La investigación ahora está en manos del Ministerio Público, que deberá establecer la responsabilidad de las personas denunciadas y determinar cómo se produjo la pérdida de los recursos públicos.
