UNODC ALERTA SOBRE REDES DEL CRIMEN ORGANIZADO QUE OPERAN EN BOLIVIA
La presencia de organizaciones vinculadas al crimen organizado transnacional en Bolivia representa una preocupación para Naciones Unidas. Bo Mathiasen, director de la División de Operaciones de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), afirmó que estas estructuras mantienen conexiones dentro del país y participan en actividades ilícitas que van más allá del narcotráfico.
Durante su visita a Bolivia, el representante de la ONU señaló que el país también forma parte de las rutas utilizadas para el traslado de cocaína. Además, sostuvo que existen indicios de producción de drogas dentro del territorio nacional, una situación que requiere atención frente al avance de las redes criminales en la región.
La advertencia coincide con la presentación del 23º Informe de Monitoreo de Cultivos de Coca 2025, documento que identificó 14.400 hectáreas de cultivos de coca fuera del marco legal. Este escenario forma parte de un contexto más amplio que Naciones Unidas observa en torno a las actividades relacionadas con el tráfico de drogas.
Mathiasen explicó que las organizaciones criminales ampliaron sus fuentes de ingresos y establecieron conexiones entre distintos delitos. Entre las actividades señaladas están el narcotráfico, la trata de personas, la explotación ilegal de oro y el lavado de activos, operaciones que pueden desarrollarse de forma vinculada entre grupos que actúan en distintos países.
El funcionario también expresó preocupación por el impacto de estas redes sobre las instituciones públicas. Según su evaluación, las estructuras criminales buscan penetrar espacios estatales mediante prácticas de corrupción, con efectos que pueden debilitar la capacidad de respuesta de las autoridades y generar mayor inestabilidad social.
Para la UNODC, este fenómeno plantea un desafío que no se limita al control de las sustancias ilícitas. La expansión de las organizaciones criminales y su conexión con otros negocios ilegales obliga a reforzar la respuesta estatal y la cooperación entre países para enfrentar redes que operan más allá de las fronteras.
