PAZ ASEGURA QUE QUIENES BLOQUEEN IRÁN A LA CÁRCEL
El presidente Rodrigo Paz endureció su advertencia frente a la posibilidad de nuevos bloqueos en el país y afirmó que quienes opten por esa medida de presión tendrán que responder ante la justicia. La declaración surgió después de consultas sobre la posición del Gobierno ante anuncios de movilizaciones de distintos sectores.
Paz sostuvo que su administración mantendrá abiertas las mesas de diálogo para atender las demandas sociales. Recordó que durante los primeros 53 días de su gestión el Ejecutivo recurrió a conversaciones y acuerdos para enfrentar los conflictos, sin utilizar la fuerza como mecanismo principal de respuesta.
Sin embargo, el mandatario estableció una diferencia entre la protesta y el bloqueo de carreteras. Señaló que la Constitución protege el derecho a manifestarse, pero consideró que interrumpir el tránsito representa una acción distinta que puede afectar las actividades productivas y el abastecimiento.
“Protestas pueden, y es un derecho constitucional, pero bloquear eso ya es parte de otro tipo de acción”, afirmó.
A partir de esa posición, Paz lanzó una advertencia directa a quienes decidan instalar bloqueos. “El que esté en esa actitud se va a ir a la cárcel”, sostuvo, al señalar que el Gobierno recurrirá a las instancias correspondientes para hacer cumplir las normas.
El Presidente también volvió a referirse a los 53 días de bloqueos que se registraron entre mayo y junio. En anteriores declaraciones, Paz atribuyó esos hechos a grupos que, según su versión, recibieron recursos vinculados con actividades ilícitas y habló de la presencia de “narcoterrorismo”.
Esta vez, el mandatario sostuvo que algunas personas podrían intentar repetir ese escenario mediante acciones financiadas. Su afirmación se produjo en un contexto en el que el Gobierno ya anunció investigaciones sobre el supuesto financiamiento de los bloqueos.
Paz remarcó que su administración priorizará el diálogo con organizaciones que presenten demandas y busquen soluciones por la vía institucional. A la vez, afirmó que esa apertura no implica permitir acciones que, según el Gobierno, vulneren las normas o afecten a terceros.
El mandatario cerró su posición con un llamado al cumplimiento de la legislación vigente. “En Bolivia se está cumpliendo la ley y la ley se va a cumplir”, afirmó.
La advertencia marca la postura del Ejecutivo ante posibles nuevas medidas de presión: diálogo para las demandas sociales y acciones judiciales frente a quienes incurran en conductas que las autoridades consideren contrarias a la ley.
