Gobierno tilda de “revanchista” la ley de arraigo promovida por el MAS
La presidenta Jeanine Añez presentó ante el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) una consulta de constitucionalidad sobre el proyecto de ley, promovido por el MAS, que obliga a las autoridades a permanecer tres meses en el país luego de concluir su mandato.
"El MAS en la Asamblea Legislativa Plurinacional mantiene el afán del bloqueo y la vulneración de los derechos humanos. Ante ello, la presidenta Jeanine Añez remitió al TCP la consulta sobre el proyecto de ley permanencia obligatoria, en territorio nacional de autoridades", informó el ministro de la Presidencia, Yerko Núñez, a través de su cuenta de Twitter (@yerko_nunez).
En esa línea, la autoridad afirmó que la propuesta normativa, recibida este viernes, es "política y revanchista".
La norma fue presentada por la Jefa de Estado, en el marco del numeral 7 del artículo 202 de la Constitución Política del Estado (CPE), que establece que es una atribución del TCP conocer y resolver las consultas del Presidente, de la Asamblea Legislativa Plurinacional, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) o del Tribunal Agroambiental sobre la constitucionalidad de los proyectos de ley.
El documento establece que con la consulta se busca garantizar la supremacía constitucional solicitando, mediante una declaración constitucional, que se obligue al Legislativo eliminar esa propuesta normativa por intentar inducir, de forma flagrante, a la Presidenta Añez a vulnerar la Carta Magna.
El 11 de agosto, la Cámara de Senadores, controlada por el MAS, aprobó la norma que rige para autoridades del Ejecutivo, Legislativo y de los gobiernos municipales y departamentales.
El 20 de agosto, la canciller Karen Longaric calificó el proyecto ley como un "absurdo jurídico e inconstitucional".
"Eso es otro absurdo (porque) es prejuzgar la culpabilidad de las personas, va contra el principio fundamental del derecho donde se prejuzga más bien la inocencia y no la culpabilidad; (los legisladores del MAS) quieren (...) predecir la comisión de un delito y eso es un absurdo jurídico, es absolutamente inconstitucional", manifestó Longaric.
