Coordinadora popular presiona por justicia para víctimas de Senkata
La Coordinadora Popular por la Defensa de la Democracia y la Vida (CPDDV) afirmó que no existe "reconciliación sin justicia", a más de un año de lo acontecido en Huayllani y Senkata.
"No hay reconciliación ni abrazos posibles sin justicia y reparación a las víctimas de las masacres de Huayllani y Senkata a las y los perseguidos políticos y a las ex presas y ex presos políticos", señala en un comunicado.
El 15 de noviembre de 2019, cientos de manifestantes que pretendían llegar en marcha hasta la ciudad de Cochabamba, fueron interceptados por la Policía y las Fuerzas Armadas en el puente Huayllani, y producto de esa represión, al menos 10 personas resultaron muertas y casi un centenar quedaron heridas.
Además, luego del golpe de Estado denunciado por el entonces presidente Evo Morales, tras los comicios presidenciales de 2019, se registraron también hechos de violencia en la zona de Senkata, El Alto.
Ese comunicado señala que hasta la fecha no se sabe con exactitud lo que pasó, por lo que continúan siendo investigados esos acontecimientos.
Además, lamenta las acusaciones "falsas" que llevaron al encarcelamiento de varias personas, las que fueron liberadas en los pasados días, violando sus derechos humanos.
En esa línea, en el mismo comunicado esa organización exige la investigación y el castigo a los malos policías, jueces y fiscales que actuaron en contra de esas personas en ese entonces.
PAUSA
El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) Bolivia de la CIDH concluyó la etapa preliminar de la investigación sobre los hechos de violencia ocurridos a finales de 2019. Retomarán sus labores el 4 de enero para culminar en mayo de 2021, de acuerdo a un comunicado de prensa.
Los expertos concluyeron sus actividades este 20 de diciembre. Ahora, retornaron a sus países para comenzar con el procesamiento de información obtenida en todas las reuniones que tuvieron con los protagonistas de los hechos de violencia.
El GIEI Bolivia, creada por un acuerdo suscrito entre la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Estado Plurinacional de Bolivia, comenzó sus actividades el 23 de noviembre de la presente gestión. El fin es investigar los hechos de violencia de 2019 y encontrar si se vulneró los derechos humanos de la población.
A lo largo de estas semanas, tuvieron varias reuniones con diferentes personas como grupos sociales, afectados y autoridades del Estado.
En la próxima etapa se concentrarán en la toma de testimonios individuales, búsqueda de documentos y análisis de evidencias. Los testimonios serán hechos en privado para preservar la identidad de las víctimas, así garantizar su seguridad.
