DIPUTADOS TRATA LEY PARA RESTITUIR DERECHOS A MILITARES Y POLICÍAS DADOS DE BAJA EN 2019
La Cámara de Diputados abrió el debate sobre una norma que plantea devolver derechos a militares y policías que fueron retirados de sus instituciones durante la crisis política de 2019. La iniciativa busca revisar la situación de los uniformados que, según sus impulsores, asumieron acciones para preservar la democracia y proteger a la población durante ese periodo.
El proyecto llega al pleno después de recibir el respaldo unánime de la comisión que estuvo a cargo de su análisis, informó el diputado de Unidad, Carlos Alarcón. El legislador señaló que la propuesta recoge una demanda de reparación para los efectivos que perdieron derechos o afectaron sus carreras a raíz de las decisiones adoptadas en ese contexto.
Los proyectistas sostienen que los uniformados incluidos en la futura norma actuaron dentro de las funciones que les asigna la Constitución. Bajo ese argumento, consideran necesario revisar las sanciones y bajas que se produjeron después de los acontecimientos de 2019.
La propuesta también incorporó planteamientos de representantes de los sectores militar y policial durante su elaboración. Ese aporte permitió, según la Cámara de Diputados, recoger las demandas de quienes buscan recuperar sus derechos y establecer medidas de reparación acordes con su situación.
La diputada de Libre, Lissa Claros, planteó que la Asamblea Legislativa respalde la iniciativa sin divisiones. La legisladora vinculó la aprobación de la norma con el reconocimiento a los uniformados que, desde su perspectiva, defendieron el orden democrático durante la crisis.
“Esta ley es la restitución de la verdad, de la dignidad de todos los bolivianos”, afirmó Claros al pedir el respaldo de sus colegas. El proyecto parte de la consideración de que policías y militares tuvieron participación en tareas de pacificación y seguridad durante los hechos de 2019. Sus impulsores consideran que ese desempeño debe ser tomado en cuenta frente a las consecuencias posteriores que afectaron a miembros de ambas instituciones.
Alarcón destacó que la iniciativa responde a uno de los compromisos que, según explicó, asumieron los actuales legisladores con los sectores que reclaman la recuperación de sus derechos. La comisión dio su aval por unanimidad, por lo que ahora el proyecto debe superar el debate y la votación en la Cámara Baja.
La iniciativa todavía debe completar el procedimiento legislativo antes de convertirse en ley. Su alcance final dependerá del texto que apruebe la Asamblea y de las condiciones que establezca para identificar a los efectivos que podrán acceder a la restitución.
El debate parlamentario vuelve así a poner sobre la mesa las consecuencias que dejó la crisis de 2019 para miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía. Los impulsores de la propuesta buscan que el Estado revise esos casos y establezca una vía para la recuperación de los derechos afectados.
