DENUNCIAN A COMANDANTE INTERINO DE LA POLICÍA POR PRESUNTA USURPACIÓN
Una denuncia presentada ante la Fiscalía de La Paz puso bajo cuestionamiento la designación del coronel Adrián Javier Álvarez Arismendi como comandante general interino de la Policía Boliviana. La ciudadana Anabel S. M. pidió abrir una investigación por la presunta comisión del delito de usurpación de funciones.
El memorial señala que Álvarez habría asumido la jefatura de la institución sin reunir las condiciones establecidas para ejercer ese puesto. La denunciante basa su planteamiento en normas constitucionales y legales que regulan el acceso al máximo cargo policial.
Uno de los principales argumentos expuestos en el documento se refiere al artículo 253 de la Constitución Política del Estado. Esa disposición establece que quien ocupe la Comandancia General debe ser boliviano o boliviana por nacimiento, tener el grado de General de la institución y cumplir las demás exigencias previstas por ley.
A partir de ese marco, la denunciante sostiene que corresponde revisar la situación del actual comandante interino y establecer si su designación se ajusta a las condiciones exigidas por la normativa vigente.
El memorial también menciona la Ley 1387, referida a la Carrera de Generales y de Ascensos de la Policía Boliviana. Según la ciudadana, las disposiciones de esta norma deben ser consideradas para determinar si la autoridad cumple las condiciones necesarias para ejercer el cargo.
La acusación todavía debe ser evaluada por el Ministerio Público. La denuncia solicita que la Fiscalía determine si existen elementos que permitan establecer la presunta comisión del delito señalado y, de ser así, identifique las responsabilidades que correspondan.
El cuestionamiento surge después de que Álvarez Arismendi asumiera como comandante general interino de la Policía Boliviana. La denuncia busca que su designación y el ejercicio de sus funciones sean sometidos a una revisión dentro de una investigación fiscal.
Por ahora, el documento presentado por Anabel S. M. constituye una denuncia y las acusaciones contenidas en ella deberán ser verificadas por las autoridades competentes. Corresponderá al Ministerio Público establecer si existen indicios suficientes para iniciar las actuaciones investigativas solicitadas.
