FISCALÍA ORDENA APREHENSIÓN DE ROMER SAUCEDO POR DOS PRESUNTOS DELITOS
Un día antes de que Romer Saucedo comunicara su salida de Bolivia junto con su familia, una comisión de fiscales ya había requerido su aprehensión por presuntos delitos de tráfico de sustancias controladas y organización criminal. La resolución, emitida en La Paz el 3 de noviembre, expone los fundamentos legales para esta medida.
El documento lleva las firmas de los fiscales Daniel Portales Barja y Edwin Alfonso Sarmiento Valdivia, integrantes de una comisión especializada en delitos de narcotráfico y legitimación de ganancias ilícitas. En su parte resolutiva, dispone la aprehensión del presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), al amparo del artículo 226 del Código de Procedimiento Penal.
Entre los argumentos, los representantes del Ministerio Público advierten que Saucedo no habría presentado documentación suficiente para acreditar su domicilio ni su actividad laboral en el país. A partir de esos elementos, consideran que existe riesgo de fuga. También mencionan la posibilidad de que el investigado se oculte, destruya pruebas o influya sobre testigos.
El requerimiento cita el artículo 48 de la Ley 1008, referido al tráfico de sustancias controladas, y el artículo 132 bis del Código Penal, relacionado con organización criminal. Para el primer delito, la norma establece una sanción de 10 a 25 años de presidio.
El miércoles 4 de noviembre, Saucedo anunció que abandonó Bolivia junto con su esposa y sus tres hijos. En esa declaración denunció persecución política y afirmó que su vida y libertad estaban en riesgo. Pese a esa decisión, sostuvo que no dejará el cargo de magistrado.
En la misma jornada, el fiscal general interino, José Armando Urioste, informó que existen entre dos y tres investigaciones abiertas contra Saucedo en Santa Cruz. Además, anunció gestiones para obtener órdenes de aprehensión y tramitar una eventual notificación roja de Interpol.
La fecha del requerimiento fiscal establece que la solicitud de aprehensión ya estaba en curso antes del anuncio público de salida del país del titular del TSJ.
