Gobierno decidido a frenar la Ley de Estados de Excepción
El Gobierno presentó el miércoles un recurso de Consulta Previa de Constitucionalidad ante el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) contra el proyecto de Ley de Estados de Excepción, aprobado por el Legislativo cuya mayoría parlamentaria le pertenece al Movimiento Al Socialismo (MAS), porque buscaría desestabilizar el país y vulnera el orden constitucional.
"Presentamos un recurso de consulta previa de Constitucionalidad a la Ley (199/2019-2020) de Estados de Excepción, sancionada por la Asamblea Legislativa porque creemos que vulnera la Constitución Política del Estado y el Orden Constitucional", informó el viceministro de Coordinación y Gestión Gubernamental, Israel Alanoca.
Explicó que esa norma es "altamente política", "inconstitucional" y "golpista", por buscar generar caos y desorden en el país, sin importar que se encuentre en emergencia por la pandemia del coronavirus.
Cuestionó que esa norma pretende gestar un golpe de Estado para desestabilizar al Gobierno, en complicidad entre la Asamblea Legislativa y la Defensoría del Pueblo, instancia que presentó el proyecto de ley.
Agregó que mediante ese recurso, se pide la determinación de medidas cautelares para evitar que se consume una amenaza a los derechos y garantías constitucionales de los bolivianos, porque su promulgación ocasionaría un daño irreparable a la seguridad jurídica y afectaría el orden constitucional "poniendo en grave riesgo al pueblo boliviano".
Agregó que, entre otras cosas, la Ley permitirá, en un Estado de Excepción, que movimientos sociales salgan a las calles a convulsionar sin que el Gobierno pueda hacer nada.
Alanoca dijo que otra de sus irregularidades es tratar de obligar a la presidenta Jeanine Áñez a declarar Estado de Excepción, en 24 horas después de promulgada la ley, advirtiendo que de no hacerlo, toda la normativa jurídica y decretos supremos quedarían sin efecto legal, como los emitidos a favor de la población, como es el caso de bonos, dotación de ítems, entre otras acciones para enfrentar la pandemia.
Por su parte, el viceministro de Seguridad Ciudadana, Wilson Santamaría, aclaró que esa norma no tiene asidero jurídico, es altamente política y que busca la desestabilización del Órgano Ejecutivo, además que pretende crear dependencia directa de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional hacia la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP).
