Por un error casi dejan sin casa a una anciana

Doña Agustina Yujra, de 85 años, fue desalojada violentamente de su propia vivienda, el pasado 13 de julio, debido a un “error judicial” que cometió el juez, tras supuestamente confundir el folio real con otra vivienda en la zona de San Antonio de La Paz.

“Cincuenta años he vivido en mi casita, por qué me quieren quitar, los policías que han pegado, a empujones me han sacado y me lo han botado mis cositas. Yo no les hecho nada, por qué me tratan así”, afirmó la anciana con lágrimas de impotencia tras ser echada de su propia casa por efectivos policiales.

La mujer de la tercera edad, pasó por el peor susto de su vida, cuando un grupo de oficiales irrumpieron en su domicilio la tarde del 13 de julio por órdenes de un despistado juez, que instruyó que sea desalojada por la fuerza.

Doña Agustina Yujra vivía sola y era muy querida por los vecinos del sector a los que siempre trató como si fueran “wawas” y les saludaba con una sonrisa. Ese rostro cálido de madre, se transformó en mar de lágrimas y angustia desgarradora, cuando fue sacada violentamente de su propio hogar por agentes del orden.  

IMPRESENTABLE

Ella pensó que habían entrado delincuentes a su casa y hasta suplicó de rodillas que no la maten. A órdenes del impresentable juez, los uniformados sacaron sus ropas, su pequeña cocina y garrafa, su vieja cama de madera y todos sus objetos personales junto con la anciana y la abandonaron indolentemente en la calle.

La escena era indignante y los vecinos salieron en su defensa. No se podía creer la violencia con la cual actuaron los uniformados en contra de una persona de la tercera edad. Casi se arma una trifulca y los lugareños lograron plasmar las imágenes en sus teléfonos celulares para difundirlos en las redes sociales provocando la cólera colectiva. 

Ahora se sabe que el hecho fue producto de un error del juez, Fausto Calle, por confusión del folio real de la casa de la mujer con otra vivienda.

“Los policías parece que no hubieran nacido de una mujer. La han sacado por la fuerza, estamos indignados, no vamos a permitir esto, ya estamos hartos de estos abusos, que vayan a buscar criminales, son valientes con una anciana y se ocultan contra los delincuentes”, afirmó una vecina.

Los lugareños se solidarizaron con la anciana y le prestaron una carpa para que pase las noches frías por 16 días, en la calle y a unos metros de su propia casa, en pleno invierno implacable.

PROCESOS DISCIPLINARIOS

Las imágenes en las redes sociales provocaron la cólera de la población alteña y paceña. Gracias a su vitalización, el caso fue tomado por personal del Servicios Integrales de Justicia Plurinacional (SIJPLU), quienes colaboraron a la afectada en la devolución de su vivienda.

Al cabo de unos días, la orden de desalojo fue anulada por el mismo juez que la emitió, Fausto Calle. Se anunciaron procesos disciplinarios para los policías participantes, por excesivo uso de violencia, así como una investigación en contra del juez que cometió el alarmante “error”; sin embargo, no se dijo nada sobre el demandante, Rodrigo Arturo Meneses Mollinedo, quién según los medios estatales, actuó de mala fe sabiendo que su inmueble era otro.

Alistan juicio contra un juez

Por su parte, la Defensoría del Pueblo anunció la presentación de un proceso por la vía disciplinaria contra el juez que dispuso el desalojo de Agustina Yujra. La delegada Defensoría, Mabel Martínez, se refirió al “error judicial” que derivó en un accionar violento para expulsar a la anciana de su domicilio, a pesar de contar con los papeles necesarios.

Finalmente, luego del calvario de 16 días en la calle, Agustina Yujra, logró ingresar a su propio hogar custodiada por la Policía y hasta el mismo ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo la acompañó, ante la atenta mirada de los vecinos. Ese anciano rostro que no paraba de llorar, al fin iluminó con una sonrisa a los lugareños que le responden con cariño “abuelita Agustina”.

No se descarta que el hecho se trate de un “consorcio delincuencial” donde operan jueces, abogados y otros para arrebatarles viviendas a personas de la tercera edad. La Defensoría anunció que seguirá el caso.