Víctimas del 2019 condenan que les uses como “bandera”
A un año de que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) presentó su informe y recomendaciones sobre los hechos de 2019, víctimas de vulneraciones a los derechos humanos coincidieron que existe un abandono estatal, además de un incumplimiento a los compromisos en materia de reparación integral. Asimismo, rechazaron ser usadas como “bandera política”.
Las posiciones fueron expresadas a través de ERBOL, en un programa especial que se realizó desde la iglesia de Senkata en El Alto con representantes de las víctimas de 2019 y desde Cochabamba, junto a víctimas de los hechos de Sacaba.
“Creo que nuestras autoridades nos han abandonado. Sentimos la dejadez, sentimos que no hay interés en realmente dar sanción a responsables del conflicto que se ha dado durante el 2019. Entonces se está tomando muy despacio”, lamentó Joel Villca en Cochabamba.
Asimismo, Gloria Quisbert, una de las representantes de las víctimas de Senkata, pidió que el presidente Luis Arce les vuelva a recibir, puesto que existe un abandono de parte de los delegados que designó para atender a los afectados de los hechos de 2019.
“Queremos que él (Arce) haga un seguimiento y no nos deje abandonados como lo están haciendo, porque las persona que están (a cargo del tema) no están cumpliendo ni las recomendaciones del GIEI ni las palabras de nuestros presidente, lo dijo en su momento, que las víctimas eran la prioridad”, afirmó Quisbert.
“Estamos olvidados, estamos siendo mal informados y lo único que pido que respeten la memoria y aquellos jóvenes que han muerto”, agregó.
El GIEI, en su informe emitido hace un año, recomendó al Estado adoptar un plan de atención y reparación integral, además de diseñar e implementar un sistema administrativo que sea ágil, transparente y pluralista, y que incorpore un procedimiento para realizar un “censo” de víctimas, conforme al principio de universalidad.
El activista y representante de las víctimas de Senkata, David Inca, sostuvo que sólo se cumplió la recomendación 16.2 del GIEI, al haber transferido el Servicio para la Prevención de la Tortura (Sepret) a la Defensoría del Pueblo, pero se incumplió el resto de las 35 recomendaciones.
Desde Cochabamba, el representante de las víctimas de Sacaba, Roberto Jucumari, se quejó de que solamente se cumplió un 20 o 30% de los compromisos con su sector. Consideró que esto pudo haber ocurrido porque son personas humildes, que sólo hablan quechua.
El dirigente recordó que el compromiso era reunirse cada mes con el presidente, pero esto no se cumple y manifestó que quizás los funcionarios técnicos no aporte a que se viabilicen sus pedidos.
‘BANDERA POLÍTICA’
Las víctimas expresaron que no quieren ser usados como “bandera política” y observaron que ya haya sentencia por el caso “Golpe de Estado II”, pero no así por su caso.
“Nos alzan como bandera política y esa es una molestia tan grande hacia mi persona, una ofensa hacia los sentimientos de nosotros, indicando que está cumpliendo (los compromisos) que es una verdadera mentira”, lamentó Alison Ramírez, cuyo esposo falleció tras ser herido en Senkata.
