Advierten que corre riesgo las elecciones judiciales

El 3 de enero de 2024, se debe producir el cambio de las autoridades del Órgano Judicial, por lo cual hasta la última semana de octubre (el día 29) de este 2023 deberían realizarse las elecciones judiciales; de tal forma que la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) está “conminada” a presentar al Tribunal Supremo Electoral (TSE) la lista de los precandidatos seleccionados, hasta el 31 de mayo.

Así explicó el lunes el vocal Tahuichi Tahuichi, aclarando que deben ser 26 candidatos titulares y 26 suplentes para la formación del Tribunal Constitucional Plurinacional, Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental y Consejo de la Magistratura. Y el miércoles indicó a la prensa que de no cumplirse con los plazos, “se pone en riesgo el proceso electoral”. 

“Esta nómina de los preseleccionados nos tiene que entregar (la ALP) al Tribual Supremo Electoral; una vez que nos entreguen, nosotros tenemos 25 días para iniciar con la convocatoria, con el calendario (…) La Asamblea, viendo estos plazos fatales, tiene que entregar (la lista de los preseleccionados) máximo hasta el 31 de mayo”, declaró a El Alteño tras un acto de apertura de un punto de empadronamiento biométrico permanente, en la Universidad Pública de El Alto (UPEA).

Siguió y dijo, que de acurdo con la Ley 025, hasta el 3 de diciembre deben emitirse las credenciales de los nuevos magistrados. Según el artículo 76 de la Ley 026 del Régimen Electoral, la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) debe emitir la convocatoria para el proceso y preselección de postulantes del Órgano Judicial y del TCP.

Posteriormente, 25 días después de que la convocatoria sea expedida por la ALP, el TSE emitirá la convocatoria al proceso electoral y publicará el calendario, con la fecha para su realización. La ley indica también que las convocatorias deben garantizar que la elección y posesión de las nuevas autoridades se realice antes de la conclusión del mandato de las autoridades salientes.

FIRMAS

Mientras, juristas independientes impulsan una reforma judicial con la recolección de firmas, que viabilice un referendo constitucional antes de las elecciones judiciales, posiblemente en octubre. En 90 días se pretende alcanzar 1.5 millones de firmas y el plazo fenece este 23 de marzo.

“Si se consiguen las 1,5 millones de firmas, eso tiene que ir al Tribunal Constitucional y ese Tribunal Constitucional tiene que responderle a 1,5 millones de ciudadanos y no a 100 juristas. Una vez que la respuesta sea positiva, porque no es una respuesta inconstitucional, se va a referéndum. El referéndum es posible entre julio y agosto”, aseguró uno de los impulsores del proyecto civil, Juan Del Granado.

La reforma está planteada a través de cuatro preguntas del referéndum. Si en estas consultas gana el Sí, se ajustará el contenido de unos 15 artículos de la Constitución Política del Estado. Hasta el fin de semana, se logró 500 mil firmas.

“Se recolectaron 500.000 firmas en los primeros 5.000 libros (distribuidos en el país)”, destacó Del Granado. Si la propuesta gana el respaldo ciudadano y finalmente se hace el ajuste en la Constitución, “los legisladores no tendrán ‘la potestad privativa’ de avalar la lista de candidatos a las altas cortes del país”, acotó.