“Lucho” Arce abroga el polémico Decreto 5143
“Hemos tomado la decisión de abrogar este Decreto Supremo 5143”, informó el presidente Luis Arce al informar que el Gobierno nacional decidió abrogar el polémico decreto de modernización de Derechos Reales.
La decisión fue tomada para evitar su politización del asunto a raíz de la desinformación que se estaba generando con el objetivo de desestabilizar al Gobierno central y armar una gran convulsión social.
“Como Gobierno nacional hemos atendido una vez más la solicitud de las organizaciones sociales y hemos tomado la decisión de abrogar este Decreto Supremo (5143) para evitar cualquier distorsión, cualquier convulsión social que se está buscando, porque lo que menos queremos es que utilicen este tipo de herramientas para fines políticos personales y de grupos que no tienen nada que ver con los intereses del pueblo boliviano”, así lo anunció el presidente del Estado, Luis Arce Catacora.
Tras sostener una reunión informativa con el Pacto de Unidad en la Casa Grande del Pueblo, el Primer Mandatario brindó una conferencia de prensa anunciando su decisión de anular la norma.
Dijo que el Decreto Supremo 5143, que fue aprobado hace más de un mes y buscaba garantizar la propiedad privada de los bolivianos, pero que lamentablemente fue manipulado con fines políticos.
“Lamentablemente, está siendo aprovechado con fines no solamente políticos, sino también hay un plan de desestabilización que está en marcha para convulsionar el país a partir de este Decreto Supremo”, dijo.
LA DENUNCIA
Asimismo, denunció que existe un plan de desestabilización que pretende desencadenarse en las próximas semanas, aprovechando este y otros temas que son sensibles para la población boliviana.
“Sabemos lo sensible que es este tema y que lamentablemente está siendo aprovechado con fines no solamente políticos, sino también hay un plan de desestabilización en marcha, para convulsionar el país a partir de este decreto”, dijo.
Lamentó que desde medios de comunicación y redes sociales se mienta al país y se haya distorsionado el objetivo de la normativa que solo buscaba modernizar un servicio de derechos reales y garantizar la propiedad privada.
“Hay un plan de convulsión social para las próximas semanas que está en marcha y que quieren utilizar este y otros temas para llevar a la población a algo no deseado, porque el pueblo boliviano lo que quiere es trabajar”, denunció.
El secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Juan Carlos Huarachi, informó que a sugerencia del Pacto de Unidad se pidió la abrogación del decreto tras el ambiente de conflictividad que se estaba generando.
Por su parte, el ministro de Justicia, Iván Lima, indicó que el decreto tenía la finalidad de modernizar el sistema de Derechos Reales, que ya había sido regulado en 2004, durante el gobierno de Carlos Mesa.
En medio de la polémica por su vigencia, el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) admitió el 10 de mayo dos recursos de inconstitucionalidad abstracta e instruyó suspender la aplicación de la norma.
