Aprehenden al encargado de francotiradores por intento de golpe
La Policía Boliviana informó ayer que se aprehendió a otro jefe militar, en el marco del caso de la toma militar de la plaza Murillo de La Paz del 26 de junio.
Mientras el comandante de la fuerza del orden, el general Álvaro Álvarez, pidió al militar retirado Tomás Peña y Lillo, que se declaró en la clandestinidad, a presentarse ante los investigadores si es inocente.
“Sí, el día de ayer ha sido conducida una persona del departamento de Cochabamba. Están ya las declaraciones informativas policiales y el Ministerio Público y la autoridad jurisdiccional va a determinar lo que corresponde en ley”, señaló.
El jefe policial precisó que el uniformado que fue vinculado con el caso en las últimas horas fue trasladado desde Cochabamba hasta La Paz y era uno de los encargados de la fuerza especial F10 que supuestamente arribó a La Paz.
“Están ya las declaraciones con los operadores judiciales y el Ministerio Público, y la autoridad jurisdiccional va a disponer lo que corresponde en ley”, señaló a la prensa.
CARGO
Álvarez indicó que el nuevo aprehendido “estaba a cargo del grupo F-10 y de los francotiradores que habían arribado” supuestamente a la sede de Gobierno “con la finalidad de ser parte de este golpe que ha sufrido el país”.
Los agentes secuestraron armas de grueso calibre, una de ellas es utilizada por los F10, dijo el comandante policial.
“Seguimos trabajando en otros contextos para ver las diferentes acciones que se han realizado y las armas que habrían sido utilizadas, identificando también a aquellas personas que estarían portando estas armas”, señaló Álvarez.
“Nuestro proceso investigativo continúa, estamos realizando absolutamente todos nuestros mejores esfuerzos para poder dar con los autores materiales y los autores intelectuales de este hecho”, añadió.
CLANDESTINIDAD
El general en retiro Tomás Peña y Lillo, uno de los supuestos implicados en la toma militar, se declaró el martes en la clandestinidad al ver el trato que reciben sus camaradas.
El militar en retiro contó que se reunió con el excomandante del Ejército Juan José Zúñiga, aunque dijo que no participó de la planificación del irregular movimiento castrense.
En ese marco, pidió que una comisión internacional investigue el caso tras considerar que en Bolivia no existe la presunción de inocencia. Remarcó que los uniformados de las Fuerzas Armadas deben ser juzgados en la justicia militar.
El comandante de la Policía, Álvaro Álvarez instó al general en servicio pasivo a presentarse y declarar, “si no tiene nada (...) las garantías son suficientes para todos y cada una de las personas involucradas o aquellas que tengan que aportar com testigos”.
