Víctimas de Senkata no se resignan en pedir justicia
Representantes de las víctimas de Senkata, denunciaron que Comunidad Ciudadana (CC) y Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade) pretenden encubrir la “masacre” y violación a los derechos humanos al pedir que se suspenda la investigaciones de los hechos de violencia del 2019, tras la aprobación del Decreto Supremo de Amnistía e Indulto Humanitario.
“Las declaraciones de Comunidad Ciudadana como Conade son declaraciones racistas y discriminadores con las víctimas de Senkata, ellos quieren encubrir la masacre y los delitos de violación de derechos humanos en el gobierno de Jeanne Añez, porque formaron parte de esos hechos de violencia”, afirmó el representante de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de El Alto, David Inca.
El rechazo del también representante de las víctimas de Senkata, surge luego que la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) de Bolivia, aprobó el Decreto Supremo de Amnistía e Indulto Humanitario que ayudará a más de 3.000 procesados por los hechos de violencia post electorales en la gestión de Añez.
Según Indica, en sus declaraciones el portavoz de la bancada de CC en el Legislativo, Carlos Alarcón, y el representante de Conade, Manuel Morales, pidieron que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI-Bolivia), se vayan del país, porque todos los investigados por los hechos de violencia del 2019 se acogerán al decreto supremo.
“Según el señor Alarcón y el señor Morales con el decreto supremo de amnistía e indulto la GIEI ya no tiene nada que hacer en Bolivia, porque según ellos ese decreto limpia de delitos a todos los responsables de la masacre del Senkata, nosotros rechazamos esas declaraciones, porque los heridos, lo muertos y detenidos son personas reales. Pedimos que el GIEI siga investigando hasta dar con todos los responsable de la muertes en Senkata, Sabaca y en todo el país”, exigió Inca.
En conferencia de prensa, Alarcón afirmó la pasada semana que, con la ley de amnistía “quedarán impunes las muertes de Montero, de los policías, del activista Julio Llanos, las quemas de las casas de Waldo Albarracín y Casimira Lema, la quema de los buses municipales (en La Paz), la emboscada al bus en Vila Vila (camino Potosí Oruro) y muchos otros gestados y organizados por Evo Morales y su gobierno”.
Mientras que, el miembro y portavoz de Conade, propuso un cacerolazo en contra de la cuestionada ley y afirmó que sólo beneficiaría a personas afines al Movimiento Al Socialismo (MAS) que cometieron delitos en 2019.
RESPONSABILIDAD PENAL
En contrapartida, el representante de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de El Alto, aclaró que en ninguna parte de dicho decreto dice que librará de responsabilidades penales a los que ocasionaron la quema de los buses municipales en la ciudad de La Paz.
“El decreto de indulto no pone nombres ni apellidos, no libra de responsabilidades penales a los que quemaron las casa de la señora Casimira Lema o del señor Waldo Albarracín, entonces también deberían de decir que se libra de responsabilidades a la señora Añez, a los exministros y militares que mandaron a matar alteños en Senkata”, reprochó.
Inca ratificó que esos delitos no pueden entra en ningún tipo amnistía y que deben ser sancionados como establece la ley “lo que nosotros buscamos es justicia y dignificación de las víctimas, porque esas personas como el señor Alarcón, el señor Carlos Mesa y Conade nos siguen viendo como delincuentes, sin embargo en El Alto hay más de 24 personas detenidas sin juicio”.
Por otro lado, Inca contó que el proceso de investigación de GIEI continuó este fin de semana, con la recolección de testimonios individuales de las más de 60 familiares y de las víctimas y heridos de Senkata en la iglesia del Distrito 8, de la ciudad alteña.
