“Goni” y el “Zorro” se resisten a pagar resarcimiento de daños
El expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada (Goni) y el exministro Carlos Sánchez Berzaín (el Zorro) se resisten a pagar el resarcimiento de daños de 10 millones de dólares por la “masacre de octubre de 2003” y sus abogados anuncian que apelarán el fallo del juez James Cohn de Estados Unidos (EEUU)
“El fallo del tribunal de primera instancia del 5 de abril de 2021, no es la decisión final en este caso. No estamos de acuerdo con el fallo y planeamos apelar”, se lee en el comunicado que fue emitido por el bufete de abogados Williams & Connolly, que defiende a Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín.
RESPONSABILIDAD
La defensa legal ratificó su plena confianza en el proceso y cree que, al final, la sentencia se revertirá (a favor de las exautoridades) cuando los hechos se examinen cuidadosamente bajo el estándar legal adecuado”.
“Goni” y el “Zorro” Berzaín solicitaron al juez Cohn que se deje sin efecto el proceso en su contra o se realice un “nuevo juicio”, pero la autoridad judicial estadounidense decidió denegar la moción de los acusados.
En el criterio del fallo, tanto “Goni” como Sánchez Berzaín tienen la presunta responsabilidad en las muertes extrajudiciales ocasionadas por militares bolivianos, cuando ellos tenían a su mando a las Fuerzas Armadas (FFAA) durante las protestas de ese entonces.
Con esa determinación del juez, sigue en pie el veredicto del jurado del caso, que en 2018 declaró a ambos responsables por las muertes extrajudiciales registradas en los conflictos de 2003, ordenándose el pago 10 millones de dólares a las víctimas y familiares.
SE HIZO “HISTORIA”
El primero en dar la noticia fue el abogado Thomas Becker, quien confirmó que en la justicia, un juez estadounidense denegó la moción planteada por el exmandatario y su exministro.
"Los bolivianos hicieron historia. Un juez estadounidense confirmó un veredicto de $us 10 millones contra el expresidente (Gonzalo) Sánchez de Lozada por las víctimas del Octubre Negro. Jallalla Bolivia", apuntó Becker, vía Twitter.
“Esta noticia me trae tanta felicidad”, sostuvo Hernán Apaza, cuya hermana, Roxana, fue asesinada por soldados bolivianos en 2003. “Mantuvimos la esperanza durante tantos años a pesar de tantos obstáculos para la justicia. Finalmente, aquellos que cometieron estos crímenes atroces rendirán cuentas”.
Pide extradición del “Zorro”
El exdirigente de la COR de El Alto, Roberto De La Cruz, contó que la “masacre del 2003”, varias familias quedaron destruidas y exigió al gobierno de Luis Arce Catacora, que inicie la extradición de al menos Carlos Sánchez Berzaín.
“Proponemos al presidente Arce Catacora y al canciller, un acuerdo bilateral entre Bolivia y Estados Unidos para que se logre la extradición de, por lo menos Carlos Sánchez Berzaín, para que comparezca ante la justicia boliviana”, exigió.
El exdirigente alteño reprochó que la gestión de Evo Morales, en 14 años en el poder, nunca tuvo la voluntad de iniciar la extradición de las exautoridades y pidió al canciller de Bolivia, Rogelio Mayta (que también fue abogado de las víctimas del 2003), que inicie las gestiones que sus antecesores nunca hicieron.
Masacre y sublevación
En septiembre y octubre de 2003, actuando bajo la autoridad de Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín, efectivos militares masacraron a 58 ciudadanos bolivianos e hirieron a más de 400, según los reportes, casi todos de comunidades indígenas, durante un período de disturbios civiles conocido como la “Guerra del gas”, del 2003, posteriormente, tras la sublevación, las exautoridades renunciaron a su cargo y huyeron del país a EEUU.
Después de la masacre, Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín huyeron a Estados Unidos, donde viven desde entonces. Los excomandantes militares y funcionarios del Gobierno que actuaron bajo la autoridad de los dos hombres fueron condenados en Bolivia en 2011, por su papel en los asesinatos.
