DS 5727: GOBIERNO ORDENA REORGANIZAR, DISOLVER O LIQUIDAR EMPRESAS PÚBLICAS
El Gobierno estableció como una de sus prioridades la revisión de las empresas públicas del nivel central del Estado y abrió la posibilidad de aplicar tres medidas: reorganización, disolución o liquidación. La decisión está contenida en el Decreto Supremo 5727 y dependerá de los resultados de una evaluación técnica.
El proceso parte de un diagnóstico elaborado por la Oficina Técnica para el Fortalecimiento de la Empresa Pública (OFEP), instancia que analiza la situación de las compañías estatales. El informe debe contar con la aprobación del Consejo Superior Estratégico de la Empresa Pública (COSEEP) antes de definir las acciones que correspondan en cada caso.
Cuando la evaluación determine que una empresa puede continuar bajo una nueva estructura, el ministerio encargado del sector tendrá un plazo de 15 días hábiles para iniciar la elaboración de las normas necesarias para su reorganización.
El escenario cambia cuando el diagnóstico establezca que una empresa debe dejar de funcionar. En esos casos, el Ejecutivo deberá preparar la norma correspondiente según la forma en que fue creada la entidad. Si nació mediante un decreto supremo, se deberá plantear otra norma de igual rango; si su creación fue aprobada por ley, el Gobierno tendrá que presentar un anteproyecto ante la Asamblea Legislativa.
El decreto también fija restricciones para las empresas que entren en procesos de disolución o liquidación. Estas entidades tendrán límites para asumir nuevas deudas, disponer de sus bienes o vender activos. Tampoco podrán suscribir contratos cuya vigencia supere la gestión fiscal, incorporar personal permanente o aplicar incrementos salariales.
La norma precisa que una eventual reorganización no implica el cierre inmediato de las operaciones. Las empresas podrán continuar con sus actividades mientras se ejecutan las medidas que correspondan de acuerdo con cada diagnóstico.
El proceso también mantiene abiertas las investigaciones sobre posibles responsabilidades. La aplicación de las medidas administrativas previstas por el decreto no impedirá que las autoridades determinen responsabilidades por hechos que correspondan a cada empresa. Con esta disposición, el Ejecutivo establece un procedimiento diferenciado para las empresas estatales, de acuerdo con la situación que determine la evaluación técnica de cada una. La medida contempla desde cambios en su estructura hasta su eventual disolución o liquidación.
