GOBIERNO RESPALDA A VICEMINISTRO TRAS AMENAZAS
El Gobierno nacional expresó su respaldo al viceministro de Régimen Interior, Fortalecimiento y Transparencia Policial, Peter Maldonado Bakovic, luego de las amenazas que recibió en las últimas horas. El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, aseguró que las autoridades continuarán con las operaciones contra el narcotráfico y las estructuras delictivas, pese a los intentos de intimidación.
Oviedo atribuyó estas amenazas a las organizaciones criminales afectadas por los recientes operativos, en particular después de la captura del narcotraficante Sebastián Marset. Según la autoridad, las acciones contra este tipo de redes también provocaron reacciones de personas que habrían facilitado su protección desde espacios políticos e institucionales.
El ministro destacó que los operativos permitieron la captura de integrantes de organizaciones delictivas que operaban en distintos países de la región, entre ellas el Comando Vermelho y el Primer Comando de la Capital (PCC) de Brasil, además de grupos criminales de Perú, Colombia y Uruguay.
A estos resultados sumó las investigaciones contra exautoridades del sistema judicial y policial. Entre los casos mencionó al exfiscal general del Estado Roger Mariaca, quien enfrenta un proceso, además de antiguos funcionarios policiales, fiscales y jueces bajo investigación por su presunta participación en redes de corrupción y encubrimiento.
Ante este escenario, Oviedo sostuvo que las amenazas no modificarán la decisión del Ejecutivo de continuar con las investigaciones y llevar ante la justicia a quienes tengan responsabilidad en actividades ilícitas. También destacó el respaldo del presidente Rodrigo Paz Pereira y el compromiso de la Policía Boliviana para enfrentar a las organizaciones criminales.
El titular de Gobierno afirmó que Maldonado cuenta con el apoyo institucional necesario para continuar con sus funciones y aseguró que el Ejecutivo no retrocederá en su propósito de desarticular las estructuras del narcotráfico y la corrupción que, según su denuncia, operaron durante años en el país.
