Gobierno anuncia acciones legales contra los conflictivos
El viceministro de Seguridad Ciudadana, Wilson Santamaría, anuncia que el Gobierno analiza acciones penales en contra de los dirigentes de algunos dirigentes de las organizaciones afines al MAS que anuncian movilizaciones y “derramamiento de sangre” por la postergación de las elecciones generales para el 18 de octubre.
"El Gobierno está evaluando, con el equipo jurídico del Ministerio de Gobierno, iniciar acciones (legales). El país ha tolerado suficiente desorden y la actitud bravucona de quienes quieren llevar a la gente a morir", manifestó la autoridad en una entrevista con Bolivia TV.
Según el Viceministro, la autoridades gubernamentales "no actuarán de manera irresponsable" ante estas amenazas y advirtió que se estudia "en detalle" cada una de las declaraciones de los dirigentes que "claramente pueden configurarse dentro del escenario de alzamiento armado y sedición".
"Vamos a sentar un precedente una vez que analicemos jurídicamente lo que ocurre porque no es posible que sigamos viviendo con amenazas y hostigamientos", dijo.
El pasado jueves, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) anunció la postergación las elecciones generales para el 18 de octubre de este año, dado que según previsiones epidemiológicas, la curva de contagios de Covid-19 alcanzará su pico más alto entre finales de julio e inicios de septiembre.
Esta resolución fue rechazada por la Central Obrera Boliviana (COB), el Pacto de Unidad y las seis federaciones de cocaleros del Trópico de Cochabamba, organizaciones afines al MAS, que exigieron la realización de los comicios para el 6 de septiembre e incluso anunciaron una marcha desde la ciudad de El Alto.
"Cualquier conflicto social, cualquier derramamiento de sangre que pueda ocurrir va a ser responsabilidad directamente del Órgano Electoral que, recalco, unilateralmente intenta posponer las elecciones generales", manifestó el dirigente cocalero Leonardo Loza.
Santamaría aseguró que esta es una muestra más de que los dirigentes siguen las consignas políticas que responden a los intereses de Evo Morales, pero que el Gobierno ya no permitirá que nuevamente "se ponga en zozobra al pueblo boliviano".
"Desde argentina es fácil lanzar arengas y dar instrucciones, otra cosa es vivir la realidad que experimenta el país después de 14 años de abandono en materia sanitaria", agregó.
