Concejal “Tuco” piden al parlamento no encubrir actos vandálicos
El presidente del Concejo Municipal de El Alto, Antíoco Cala, no encubrir actos vandálicos a título de “Ley extraordinaria para la protección y no criminalización de la protesta social” en favor de dirigentes de las organizaciones sociales.
“Queremos repudiar desde todo punto de vista esa actitud irresponsable de los dos tercios del MAS, que le está haciendo daño a la democracia, le está haciendo daño a la cultura. Esto debe terminar de una vez por todas”, manifestó.
Criticó también la actitud del legislador masista, Efraín Chambi, quien además de ser autoridad, funge como máximo representante de la Confederación Nacional de Juntas Vecinales (Conaljuve), de la que depende, la Federación de Juntas Vecinales (Fejuve) de Basilio Villasante, afín al MAS.
“Que lujo de las organizaciones sociales, de tener a un senador como máximo representante de las juntas vecinales, cuando se debería actuar de acuerdo con los cursos que corresponden, va ser una vergüenza si esta propuesta de ley llega a plasmarse en la Asamblea”, continuó.
Cala rechazó la actuación de los dos tercios de la ALP en manos del MAS, que presuntamente trabaja de acuerdo con los intereses del partido político, que durante 14 años de Gobierno no ejerció el rol fiscalizador que ahora intenta en el Gobierno transitorio de Jeanine Añez.
“Ellos jamás se preocuparon por la vida, a ellos nunca les interesó la vida y la salud sino la angurria de poder, nos han llenado de canchitas que hoy en día están cerradas, no sirven para luchar por la vida”, dijo.
Respuesta
Al respecto, el concejal del Movimiento Al Socialismo (MAS), Juanito Angulo expresó que la propuesta de proteger a los dirigentes es fruto de la intención del Gobierno que quiere perseguir a los dirigentes, violando el derecho a la protesta, establecido en la Constitución Política del Estado.
“El Gobierno intenta hacer persecución política vulnerando la presunción de inocencia: quieren criminalizar las protestas, cuando los dirigentes obedecen al clamor popular, es la manifestación de todos los ciudadanos que somos parte de diferentes sectores sociales, esta libertad de expresión no se garantiza, por el contrario se criminaliza como atentado a la salud pública, cuando ellos piden en torno a sus necesidades, inquietudes y preocupación”, dijo.
El legislador alteño afirmó que el derecho a la protesta social está reconocido por la Constitución Política del Estado (CPE) y que lo único que pretende la ALP es reforzar y garantizar este derecho, ya que los dirigentes, al igual que cualquier otro ciudadano, forman parte del Estado.
Angulo aclaró que la propuesta de ley no exime de responsabilidades a las personas que causaron destrozos durante los días de protesta, bloqueos y marchas.
DESTROZOS
Tras las jornadas de movilización, durante la anterior semana, un grupo de personas radicales y con aliento alcohólico, al igual que el pasado año, amedrentaron a personas que no participaron en las marchas e intentaron quitarles sus productos a los comerciantes que encontraban a su paso.
Al igual que el pasado año, para ingresar a la Alcaldía Quemada, donde funciona el Concejo Municipal y la Escuela Municipal de Danza y Música (EMDA), rompieron la puerta principal y los vidrios y destruyeron las cacetas del peaje de la Autopista.
