Gobierno enjuiciará a Quintana por desviar préstamos externos
El ministro de la Presidencia, Yerko Núñez, anunció ayer que presentarán una denuncia penal contra el exministro, Juan Ramón Quintana y contra el exdirector de la Unidad de Proyectos Especiales (UPRE), Rolando Sánchez, por transferir recursos públicos para comprar medios de comunicación que fueron afines al gobierno de Evo Morales.
"Como Ministro de la Presidencia, presentaré la denuncia contra Juan Ramón Quintana, quien entonces fungía como titular de esta cartera de Estado, pero también contra Rolando Sánchez Serrano, quien era el director de la UPRE", confirmó la autoridad, en conferencia de prensa.
Detalló que ambas personas serán acusadas por la presunta comisión de los delitos de legitimación de ganancias ilícitas, asociación delictuosa, incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes.
Según el ministro Núñez, Quintana era el articulador de una "estructura criminal de poder" que permitió que los recursos públicos pasen a manos privadas "para la manipulación de medios de comunicación y así atentar contra la libertad de expresión".
"Con todo esto, queda claro que había un cártel de la mentira (...) comprado por Evo Morales de manera dolosa; pues ahora vemos que los recursos servían para comprar medios de comunicación para definir una línea favorable al Gobierno, pero crítica y persecutoria de opiniones distintas", insistió.
La decisión de procesar a Quintana y Sánchez se asumió luego que salió a la luz un informe de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) que reveló el uso de recursos públicos, transferidos a privados para la compra de acciones de la empresa televisiva ATB y otros medios de comunicación.
Se trata de "más de 16 millones de dólares provenientes de Venezuela que deberían beneficiar al Estado boliviano, (pero) fueron transferidos a empresas de Marcelo Hurtado: Flaba Trading y Estrategias Energéticas", confirmó Núñez.
Luego -según explicó la autoridad- Hurtado transfirió más de cuatro millones y medio de dólares a cuentas en España, en beneficio del grupo PRISA y otros más de 10 millones de dólares a cuentas en Estados Unidos, a nombre de Jordán Silva.
Hurtado era gerente de la red ATB y sus empresas -de acuerdo con las pruebas presentadas por Núñez- recibieron un total de 10 transacciones por parte de la Embajada venezolana.
El informe de la UIF indica que 4,5 millones de dólares fueron enviados a España para la compra de La Razón-Extra y otros 10,02 millones de dólares fueron enviados a cuentas en EEUU, para adquirir ATB. El reporte menciona a los empresarios Marcelo Hurtado y Carlos Gill.
“Estamos evaluando nuevas acciones, queremos actuar en el marco de la ley, cumpliendo el protocolo para que la población conozca las transferencias”, acotó el Ministro, sin dar detalles sobre lo que sucederá con ambos medios.
