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Redacción central

Otorgan detención domiciliaria al general Cuéllar por el caso Sacaba

En audiencia cautelar realizada en el Juzgado Primero Cautelar del municipio de Sacaba (Cochabamba), el general Alfredo Cuéllar obtuvo la medida cautelar de detención domiciliaria con custodia policial, peros sin derecho a salir a trabajar. La decisión del juez no complació a los familiares y víctimas de los sucesos del año pasado, que protestaron en las puertas del Juzgado.

El militar acudió a su audiencia, custodiado por policías y acompañado de un equipo de abogados, en el proceso abierto en su contra, por los hechos violentos y muertes ocurridas el año pasado en el puente Huayllani en esa localidad.

Cuéllar cumplía funciones de jefe de la guarnición militar de Sacaba, del departamento de Cochabamba. En su declaración informativa ante el fiscal de Sacaba, relató que él sólo obedeció órdenes superiores y elaboró un plan en función de un decreto y un plan de operaciones. Por tanto, dijo que su trabajo fue netamente administrativo y no así operativo.

Según Patricio Vargas, uno de los abogados del militar, Cuéllar está siendo procesado por tentativa de asesinato y lesiones gravísimas, delitos que, a su parecer, no concurren los presupuestos para determinar esta situación en su contra.

“Él tiene una función administrativa, no operativa. La imputación adolece de muchos vicios. Lo único que ha hecho el general, ha sido realizar un plan de operaciones, pero no hay una orden directa de que haya dispuesto el uso de armamento letal. La instructiva ha sido que no se dispare, que no se use armamento letal y tampoco el uso de munición letal”, afirmó.

Respecto a imágenes donde se lo ve delante de los conflictos, el jurista explicó que dichas imágenes no han sido secuestradas por el Ministerio Público y no demuestran que el imputado estuvo en el lugar de los hechos al momento en que sucedieron los disparos contra los manifestantes.

Vargas exigió a la Fiscalía, que investigue y aclare el hecho luctuoso del año pasado, en el puente de Sacaba. “Se necesita averiguar qué es lo que pasó. Si fueron los miembros de la Policía, los miembros del Ejército o son los disparos que provinieron de los mismos manifestantes”, señaló.

PROTESTAS

Los familiares y las víctimas de los sucesos que dejaron nueve muertos y varios heridos, no salieron conformes de la audiencia. Tras su conclusión, el imputado tuvo que salir fuertemente custodiado por la Policía a la carrera, a una camioneta policial que lo sacó del lugar. La custodia policial recibió piedrazos como protesta de las pocas personas que acudieron al lugar, sorprendidas por la decisión judicial.

“Parece que para los pobres no hay justicia. Imagínense, para uno que ha ordenado utilizar armas sólo le dieron detención domiciliaria. Pero para aquellos que han salido a defender sus derechos, como varios compañeros, han estado hasta siete meses en detención preventiva, solo por marchar. Pero un general que ha ordenado disparar, ha manejado un plan militar, solo hay detención domiciliaria. Eso es injusto. La justicia en Bolivia está vendida a los ricos. Para los pobres no hay justicia”, se quejó uno de los familiares manifestantes.

Otra víctima, que caminaba con muletas dijo que su pierna había sido rota por un disparo de arma de fuego, rechazó las aseveraciones que aseguran que de entre ellos habían salido las balas. “Queremos justicia, pero al general lo están soltando”, fustigó.

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