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Redacción central

El exministro Murillo caminaba dejando huellas de corrupción

Una adagio dice que “la corrupción no deja huellas”, pero el exministro de gobierno Arturo Murillo, jamás imaginó que iba dejando huellas indelebles de los actos de corrupción que cometió en el proceso de compra de gases lacrimógenos. Las autoridades de la justicia de Estados Unidos y Bolivia están seguros que la exautoridad cayó en la tentación del soborno y el lavado de dinero.

En tal sentido, las justicia de Estados Unidos, desmontó todo un árbol de corrupción, sobornos millonarios y lavado de dinero en el que están entrometidos cinco sujetos.

La triangulación de una transferencia de 5.649.137 dólares realizado el 13 de enero de 2020 desde el Banco Central de Bolivia a la cuenta de Intermediary Company de Florida-EEUU fue la punta del ovillo para desmotar todo el hecho ilícitos. Posteriormente ese dinero fue enviado a la cuenta de Philip Lichtenfeld, que es un ciudadano estadounidense radicado en Argentina y eso activó las alarmas sobre un posible caso de lavado de dinero.

Ante las sospechas, un representante del banco estadounidense solicitó a los remitentes bolivianos más información sobre la operación bancaria, que llevaba el rótulo “contrato de gas lacrimógeno”.  Los cuestionamientos del banquero norteamericano fueron respondidos por Sergio Rodrigo Méndez Mendizábal, que era el jefe de gabinete del ministerio Arturo Murillo.

INTERMEDIARIO

Todos esos datos pusieron bajo la lupa a las exautoridades bolivianas, porque en los últimos tres años, la firma de Brasil había vendido grandes cantidades de armas no letales y agentes químicos a Bolivia, pero en este caso, se gestionó la actuación de “terceros”, es decir contrataron una empresa intermediaria para concretar la compra, algo que provocó más sospechas en Bolivia y Estados Unidos.

Para ese entonces, EE.UU., ya tenía conocimiento de que el equipo requerido bajo el “contrato de gas lacrimógeno” de la empresa brasileña, estaba valuado en 3.357.735 dólares, lo que dejó a Intermediary Company con aproximadamente 2.291.402 de dólares por concepto de comisión.

De acuerdo con las indagaciones de equipos de seguridad del Estado de Florida-EEUU, de la diferencia que pagó el Gobierno boliviano, al menos $us 582.000 fueron utilizados para entregar un soborno a Sergio Rodríguez Méndez Mendizábal, exfuncionario del Ministerio de Gobierno y otros 20.000 dólares para un exfuncionario del Ministerio de Defensa, que fue la cartera que firmó la adquisición.

Las ramas del árbol de la corrupción están conformadas por Sergio Rodrigo Méndez, Bryan Berkman y Luis Berkman, propietarios de la empresa Intermediary Company y Philip Lichtenfeld, que fue contratado como enlace entre los bolivianos y la fábrica de Brasil. Todos ellos, además del exministro de Gobierno, Arturo Murillo ahora se encuentran detenidos.

EL ENTORNO

Méndez Mendizábal es un conocido abogado en la ciudad de Cochabamba y en Santa Cruz fue parte de una empresa de venta y compra de bienes inmuebles. Creó su propio equipo de asesoría en Derecho y su idea era expandir su negocio a Estados Unidos. Murillo, por su cercanía, lo invitó a ser jefe de gabinete cuando era Ministro de Gobierno.

Luis Berkman Littman es amigo de infancia de Murillo y Méndez. En Bolivia tiene un antecedente penal: en 2002 huyó del país mientras era investigado por tráfico ilegal de armas hacia Paraguay.

Además, Berkman Littman tenía en ese entonces una estrecha amistad con Gary Suárez Levy, hijo del conocido narcotraficante, Roberto Roca Suárez, alias Techo 'e Paja.

Su hijo es Bryan Samuel Berkman, quien firmó el contrato a nombre de la empresa Bravo Tactical Solutions LCL por la compra del armamento no letal por más de cinco millones de dólares. Bryan Samuel llegó a Bolivia para ser parte del negocio, ya que su padre todavía tiene asuntos pendientes con la justicia boliviana.

El último en el árbol de la corrupción es Philip Lichtenfeld, quien tiene doble nacionalidad: boliviana y estadounidense. Además, con un largo recorrido empresarial en Argentina, donde fue procesado por corrupción y detenido preventivamente. Ese aspecto se observa en el informe fiscal de Estados Unidos.

Todos ellos, incluyendo Murillo, están en celdas estadounidenses desde 22 de mayo y a la espera de sus juicios por los cargos de soborno y lavado de dinero.

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