Diputado alteño lamenta que Murillo negocie su pena

El diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS), Juanito Angulo, lamenta que el exministro de Gobierno, Arturo Murillo, quiera negociar su pena en Estados Unidos, por la postergación de su audiencia.

“La postergación de la audiencia de Murillo es muy sospechosa, muestra una especie de chicanería jurídica, yo pensé que en Estados Unidos no había chicanería jurídica, pero vemos que si lo hay, hay dilatación jurídica en Estados Unidos en el fondo para negociar, atenuar o reducir la pena”, afirmó el legislador.

Según Angulo, Murillo tendría que recibir una pena privativa de al menos 20 años de cárcel por los delitos de lavado de dinero y soborno, sin embargo teme durante el tiempo que dure la postergación de la audiencia en el país del norte, que la exautoridad intente recurrir  a artilugios para reducir su pena o para defenderse en libertad.

“Lo que Murillo quiere hacer es reducir o atenuar la pena o se defienda en libertad, bajo un condición jurídica de fianza económica, seguramente. Estaremos atentos, ya que queremos que se haga justicia, no solo por los delitos de los que se lo acusa en  Estados Unidos sino por los delitos cometidos en Bolivia”, sostuvo.

Entre tanto, según el legislador, se luchará para que la exautoridad, luego de cumplir su condena en el país del norte sea extraditada para ser juzgado por los presuntos delitos cometidos en el país, entre ellos, la compra de gas lacrimógeno, y los sucesos luctuosos de Senkata y Sacaba de 2019.

ACUERDO

Lo temido por Juanito Angulo, lo verificaron las autoridades de justicia de Estados Unidos, porque según el reporte de algunos medios, la defensa de Arturo Murillo negoció con la Fiscalía de Estados Unidos y logró un acuerdo para suspender por un plazo de 14 días para que el juez instale una audiencia de acusación y de esta forma ganar tiempo hasta el 9 de julio para conseguir un acuerdo.

En el documento los acusadores reconocen la necesidad de este tiempo “se fundamenta en el interés de la justicia debido a la inusual complejidad fáctica del caso”.

El Tribunal del Distrito de Estados Unidos, el número de caso es 213030, emitió una moción de consentimiento para continuar la audiencia preliminar y excluir tiempo bajo la ley de Juicio Rápido. Es decir, que la Fiscalía y la defensa estuvieron de acuerdo en darle más tiempo, para que se acumulen más datos del proceso.

El documento, que tiene ocho puntos, establece que fue un acuerdo entre el fiscal y la defensa, “dentro del cual se debe presentar una información o acusación en conformidad con los documentos que respaldan este proceso”.

Sostiene también, según el acuerdo, que esa necesidad de tiempo se utilizará para que los abogados del imputado, el exministro de Gobierno boliviano, “revisen materiales' con el acusado. Para una preparación eficaz, teniendo en cuenta el ejercicio de la debida diligencia y el deseo de las partes de discutir la posible resolución del caso. Todo los cuales son de interés de la justicia y superan los mejores intereses del público y del defensor en un juicio rápido”.