Gobierno aclara que no hay “presos políticos”
De forma clara y firme, la ministra de la Presidencia, María Nela Prada, afirmó este jueves que el presidente Luis Arce no aprobará ninguna amnistía porque no hay presos políticos en Bolivia y quienes cometieron delitos deben responder en la justicia para que no prime la impunidad.
“Manifestar de manera clara y firme de que no habrá ninguna amnistía, de que no habrá impunidad que es lo que se busca en el fondo con estas acciones, con este discurso, con estas declaraciones que usted (Rómulo Calvo) ha realizado el día de ayer. No hay presos políticos, y eso tiene que quedar claro; quienes han cometido delitos tienen que responder ante la justicia”, enfatizó la ministra durante una conferencia de prensa en la Casa Grande del Pueblo.
Respondió así al dirigente cívico, Rómulo Calvo, quien a escasos días de culminar su mandato al frente del Comité Pro Santa Cruz, dijo el miércoles que el presidente tiene hasta este 25 de febrero para decretar la amnistías para los supuestos “presos políticos”, entre ellos el encarcelado Fernando Camacho, que es procesado por su participación en el golpe de Estado de 2019, además de cohecho y seducción de tropa por las transacciones financieras que realizó a cuentas de militares y policías.
Pero, además, Calvo amenazó al jefe de Estado con iniciar un proceso de revocatoria de mandato si no da curso a la petición que fue planteada en los cabildos reducidos, a excepción de Santa Cruz, que se realizaron en algunas plazas y calles de las nueve ciudades capitales del país el 25 de enero.
Ya en esa ocasión, el Gobierno nacional, a través de la viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, desahució la posibilidad de que el presidente apruebe una amnistía porque iría en contra de las recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).
Precisamente en el punto 10 de las 36 recomendaciones realizadas por el GIEI señala que se debe “garantizar la imprescriptibilidad y la inaplicabilidad de normas de amnistía en casos de graves violaciones de los derechos humanos”.
Durante la conferencia de prensa, Prada reforzó la postura del Ejecutivo. Recordó que varios de los procesados deben responder por los delitos que cometieron durante los últimos años, entre ellos por las quemas y saqueos que promovieron durante el paro que se realizó por 36 días, entre octubre y noviembre de 2022, pero también por la destrucción de cerca de una treintena de edificios de entidades públicas, entre ellas de la Fiscalía, de la Policía y la casa del ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, Edgar Montaño.
Esos hechos se dieron luego de la detención de Camacho, el 28 de diciembre de 2022 por el caso Golpe de Estado I. En esa ocasión, además, los grupos violentos vinculados al Comité Pro Santa Cruz y a la irregular Unión Juvenil Cruceñista (UJC) tomaron aeropuertos como el internacional Viru Viru e intentaron por varias noches tomar con violencia el edificio del Comando de la Policía, lo que activó la acción policial.
Fue de tal dimensión la violencia desatada en Santa Cruz que el 17 de enero, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) condenaron eso hechos.
En un documento de prensa titulado “Protestas en Bolivia: CIDH y RELE monitorean la situación en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia”, hicieron conocer que se “ve con preocupación las amenazas de grupos violentos a personas defensoras de derechos humanos y a miembros de medios de comunicación a través de las redes sociales”.
