TSJ reciben notificación de extradición de Dávila a EEUU y en 20 días dirá si procede o no
El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en Sucre recepcionó la solicitud de Estados Unidos (EEUU), a través de la Cancillería, de detención preventiva con fines de extradición para el exjefe antidrogas del gobierno de Evo Morales, Maximiliano Dávila Pérez. La máxima instancia judicial se pronunciará en 20 días si procede o no el pedido.
El presidente del TSJ, Marco Ernesto Jaimes, indicó que a las 18:30 de este viernes se recepcionó en plataforma la nota de la Cancillería de detención de Dávila que es investigado por el presunto envío de drogas desde Bolivia a EEUU cuando trabajaba como jefe antidrogas, y debe enfrentar un proceso penal en la Corte del Estado de Nueva York.
La autoridad judicial explicó que el primer paso es la remisión del documento al magistrado tramitador, esto será de acuerdo al orden de procedencia, para que, en el plazo de tres días, como lo establece el manual de extradición del TSJ, el funcionario elaborare el informe de auto supremo de detención preventiva.
Con ese informe se ordenará a un juzgado de instrucción de materia penal pueda ejecutar la orden de detención preventiva, solicitada por EEUU. Al mismo tiempo solicitarán datos a los nueve tribunales departamentales de justicia para establecer si Dávila enfrenta otros procesos penales en el país.
“Luego de la ejecución de la detención preventiva conforme establece el artículo 158 de procedimiento penal, está la otorgación de un plazo básico de 10 días para que el extraditable pueda en su caso solicitar u oponerse a esta extradición. A continuación, también en un plazo de 10 días el Ministerio Público se pronunciará sobre la procedencia o improcedencia de esta solicitud”, explicó el presidente del TSJ a Gigavisión.
El abogado de Dávila, Manolo Rojas, en contacto con El Alteño Digital, dijo que aún no fueron notificados con la extradición formal y que una orden verbal no tiene validez. Además, agregó que su cliente debe concluir primero el proceso de legitimación de ganancias ilícitas en Bolivia.
