Víctimas denuncian falta de coordinación en el caso Senkata
El inicio del juicio oral de la expresidenta Jeanine Áñez y sus exministros por la denominada “masacre de Senkata”, volvió a ser suspendido por segunda vez esta semana, para la próxima quincena del mes de septiembre. Al respecto, un grupo de los familiares de las víctimas mortales de los conflictos sociales de 2019, denunciaron ayer falta de coordinación por la parte demandante, en este caso el Gobierno Central.
“Como ellos (Gobierno) han hecho como han querido, no han tomado las quejas, reclamos de la víctimas, este es el resultado y ahí se cumple lo que hemos reclamado. La misma GIEI (Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes) pide coordinar con las víctimas estas etapas (acusación, imputación)”, señaló el representante de las familias, el activista de Derechos Humanos, David Inca.
El miércoles, tras una audiencia virtual de 12 horas el Tribunal Cuarto de Sentencia de Juzgados El Alto, pidió individualizar la participación de cada uno de los acusados en los hechos de 2019. Pero además se informó que la falta de pruebas para justificar esa acusación causó que el Tribunal devuelva la acusación formal a la Fiscalía, al Ministerio de Gobierno y al Servicio Plurinacional de Asistencia a la Víctima (Sepdavi).
“Las pruebas existen y la acusación está vigente, no fue rechazada”, aseguró Inca.
REBELDÍA
Durante la audiencia se declaró la rebeldía de cinco de los acusados: Arturo Murillo, exministro de Gobierno; Fernando López, exministro de Defensa; y Víctor Zamora, exministro de Hidrocarburos. Además de los militares Sergio Carlos Orella Centellas y Julio William Cordero Alborta.
Sin embargo, los abogados defensores, aseguraron ante la prensa, que presentaron a los jueces del caso los incidentes e hicieron notar que la acusación era genérica y no identificaba en qué circunstancia, a qué hora, dónde y cómo participaron los acusados, pero en forma individual.
Sobre las observaciones, ayer el ministro de Justicia, Iván Lima, aclaró que el Tribunal fijó un plazo de 10 días para que se subsane la acusación contra algunos acusados por la “masacre de Senkata”.
