JUSTICIA SENTENCIA A ROXANA LIZÁRRAGA POR MOVIMIENTOS DE BS 549 MIL
La exministra de Comunicación Roxana Lizárraga Vera recibió una sentencia por el delito de Legitimación de Ganancias Ilícitas, luego de que un tribunal concluyera que no pudo acreditar el origen lícito de Bs 549.429,32 que pasaron por sus cuentas durante 2019 y 2020. Entre los movimientos observados aparecen transferencias con Álvaro Daniel Vega Arce, hijo de su esposo, José Ramiro Vega Velasco.
El fallo tomó en cuenta distintos movimientos bancarios que, de acuerdo con los elementos incorporados al proceso, no tuvieron una explicación suficiente. La acusación también incluyó el delito de Enriquecimiento Ilícito, previsto en la Ley 004. Lizárraga había declarado ingresos de Bs 12.000 por su actividad como consultora de comunicaciones.
Una parte de los recursos observados corresponde a Bs 247.072,16 registrados en 182 transferencias interbancarias. Los movimientos se produjeron entre el 4 de enero de 2019 y el 19 de febrero de 2020 en cuatro cuentas del Banco Nacional y Banco Unión.
Dentro de ese conjunto aparecen operaciones con su hijastro. El expediente registra Bs 99.265 en transferencias entre ambos entre el 7 de enero y el 19 de febrero de 2020, con depósitos de Bs 30.000 y Bs 10.000. A ello se suma otra operación por Bs 99.000, registrada el 31 de mayo de 2019, que Lizárraga identificó como “cobro de servicios legales”. La Fiscalía cuestionó esa explicación y la consideró incongruente.
El tribunal también examinó Bs 122.357,16 depositados por la empresa Compañía Importadora de Automotores Mathias Csapek S.A. entre enero y noviembre de 2019. Según un informe de la FELCC fechado el 4 de julio de 2022, la investigación no estableció el motivo ni el origen de esos recursos.
Otro movimiento bajo observación corresponde a un cheque por Bs 180.000 emitido por la empresa telefónica VIVA y cobrado por Lizárraga el 31 de mayo de 2019. En este caso tampoco se estableció el motivo del pago, según los antecedentes del proceso.
El tribunal sostuvo en su resolución que alcanzó la convicción de que Lizárraga no demostró el origen lícito de varios depósitos y transferencias. El fallo también hace referencia a movimientos efectuados con su hijastro y a operaciones realizadas en periodos cortos, elementos que fueron considerados dentro de la valoración de la prueba.
La sentencia se produjo en una causa que además alcanzó al entorno familiar de la exministra. Lizárraga está casada con el abogado penalista José Ramiro Vega Velasco. En 2014, parlamentarios de Unidad Demócrata lo denunciaron públicamente por un presunto intento de extorsión mediante el uso de información relacionada con litigios. Ese antecedente corresponde a una denuncia de entonces y no forma parte de los movimientos económicos que sustentan la sentencia contra Lizárraga.
La condena se sustenta en la valoración judicial de los recursos observados y en la falta de acreditación de su procedencia lícita, de acuerdo con el fallo. La acusación fiscal contempló para la Legitimación de Ganancias Ilícitas una pena de cinco a diez años y para el Enriquecimiento Ilícito, de tres a ocho años.
