GOBIERNO ACTIVA BONO Y PROTECCIÓN INTEGRAL PARA HUÉRFANOS DE FEMINICIDIO
Las hijas e hijos que quedaron huérfanos por feminicidio y otros delitos contra la vida tendrán acceso a un bono mensual equivalente al 20% del salario mínimo nacional, tras la aprobación del decreto supremo que pone en vigencia las medidas previstas por la Ley 1680.
El vocero presidencial José Luis Gálvez informó este miércoles que la norma permite aplicar los beneficios destinados a esta población y establece los mecanismos para que sus beneficiarios puedan acceder a la protección estatal.
El apoyo económico constituye una de las principales medidas de la disposición. En el caso de los menores de cinco años, el respaldo será complementado con un paquete alimentario mensual equivalente al 20% del subsidio de lactancia.
La norma también incorpora prestaciones que buscan evitar que la pérdida de uno de los progenitores afecte otros aspectos de la vida de los menores. Entre ellas figura el acceso a servicios de salud y la inscripción inmediata al sistema educativo.
Cuando exista un cambio de domicilio, los beneficiarios podrán realizar el traspaso escolar. Además, tendrán prioridad en la consideración de becas para universidades e institutos privados, según los mecanismos establecidos para este beneficio.
El decreto contempla un sistema de registro y habilitación para identificar a quienes tienen derecho a las prestaciones. Su aplicación es inmediata, según explicó el vocero.
Gálvez sostuvo que la atención a esta población debe formar parte de una política estatal, debido a las consecuencias que enfrentan las familias después de un hecho de violencia que termina con la vida de uno de los padres.
“Los más débiles entre los más débiles son aquellos que quedan huérfanos a partir del ejercicio de esta violencia”, afirmó.
El vocero también señaló que la respuesta a estos casos debe superar el ámbito judicial. A su criterio, la reparación para las víctimas y sus familias continúa después de una sentencia, porque los hijos deben afrontar las consecuencias de la pérdida.
“Si bien no se puede devolver la vida, la reparación no termina con una sentencia”, manifestó.
La Ley 1680 establece medidas de atención integral y protección social para hijas e hijos huérfanos por feminicidio y otros delitos contra la vida. El nuevo decreto define cómo podrán acceder a esas prestaciones.
Consultado sobre el inicio de los pagos y los recursos destinados al bono, Gálvez indicó que el decreto establece los porcentajes y las fuentes de financiamiento. Sin embargo, reconoció que durante la conferencia no contaba con los detalles sobre la fecha específica para los primeros desembolsos.
Con la aprobación de esta disposición, el Gobierno da paso a la aplicación de los beneficios económicos y sociales establecidos para esta población. El bono constituye la medida central, mientras que la atención en salud, alimentación y educación amplía la protección para los menores afectados.
