Barbijos no callan a los maestros rurales
Maestros del rurales de La Paz deciden radicalizar las medidas de presión en contra de la educación virtual dispuesta por el Gobierno para enfrentar la pandemia del coronavirus.
La mañana de ayer los trabajadores del sector se concentraron, sin respetar el distanciamiento de persona a persona, en el Multifuncional de la urbe alteña, dese donde partieron a la sede de Gobierno bajando por la avenida Kollasuyo para terminar en puertas del Ministerio de Educación, donde exclamaron estribillos como: “Ministro incapaz porque no te vas”, “queremos la abrogación del Decreto Supremo 4260”.
ADVERTENCIA
Uno de los dirigentes del magisterio rural, Félix Ramos, emplazó al Gobierno central a destituir al Ministro de Educación en un plazo de 24 horas, de lo contrario, anuncia el bloqueo nacional de carreteras.
En una anterior declaración el profesor, Andrés Huayta, informó que la movilización continuará hasta conseguir la abrogación de la norma educativa así como la destitución de Cárdenas.
“Pedimos la abrogación inmediata del Decreto Supremo 4260 que legaliza la mercantilización y privatización de la educación y carga la responsabilidad económica a espaldas de los padres de familia y los maestros, cuando la responsabilidad es del Gobierno Nacional”, dijo.
La molestia de las organizaciones sociales es por la aprobación de la norma educativa, de la cual, ninguna autoridad de Gobierno se pronunció hasta ahora. “Queremos ser sinceros y claros con el pueblo boliviano y se determina que, este Gobierno no ha demostrado ningún plan de contingencia ni estrategia política para poder iniciar con las clases”, manifestó el dirigente.
MÁS RECHAZO
De a poco, al sector se suman otras organizaciones sociales, que rechazan la norma de educación por internet y la gestión del ministro de Educación, Víctor Hugo Cárdenas.
Entre las organizaciones sociales que acompañan la demanda de los maestros está la Federación de Padres de Familia (Fedepaf), que ha manifestado que la carga de la educación virtual recae directamente sobre ellos, porque el Gobierno no garantiza el acceso a la red internet.
