La justicia prohíbe cercar el Jach´a uta
El asesor legal de la Alcaldía alteña, informa que la justicia determinó prohibir a los dirigentes de los padres de familia y otros sectores, cercar o realizar vigilias en inmediaciones del edificio municipal denominado Jach´a Uta de donde la anterior semana los funcionarios no pudieron salir y se vieron obligados a quedarse en esas instalaciones toda una noche y eso este penado por ley ya que nadie atentar contra la libertad de los funcionarios.
El abogado hizo referencia al fallo que determinó la jueza Chávez García, del Juzgado Cuarto de Sentencia Penal de El Alto, a la Acción de Libertad que presentó la Alcaldía, luego que 700 funcionarios públicos y civiles no pudieron salir del Jach´a Uta, por el cerco y vigilia de los padres de familia, la semana pasada.
La denuncia va dirigida en contra de los dirigentes de la Coordinadora de Madres y Padres de Familia (Corempaf) de El Alto, que realizaron medidas de presión en demanda del Plan Operativo Anual (POAs) del 2019, 2020, 2021 entre otras demandas.
“REÑIDO CON LA LEY”
Navarro explicó que la audiencia sobre ese caso se desarrolló el día viernes y la jueza dio curso a la resolución 1622, que determina que “la toma o cerco a la institución municipal” es un acto “reñido con la ley” y la misma constitución.
“La resolución 1622 de la juez ha determinado que el hecho de tomar y cercar la institución municipal es un acto reñido con la Constitución, lo que significa que ellos (los dirigentes) han obrado en el marco de la ilegalidad, en el marco de la inconstitucionalidad al momento de cercar y realizar vigilias en inmediaciones del Jach´a Uta”, aseveró.
La demanda fue interpuesta en contra de los dirigentes Néstor Sergio Churqui Rojas, Carlos Laura Flores, Marta Quispe Gutiérrez, Isaac Copa Vargas, Rudy Luis Alberto Llampo y Gregorio Gómez que “han obrado al margen de la ley, en detrimento y violación de los derechos fundamentales reconocidos por la constitución”, agregó el representante municipal.
“A partir de la emisión de la sentencia constitucional que tiene una característica de ejecución inmediata, cualquier acto que tienda nuevamente a cercar la institución, constituye delito penal que es sancionable por la Constitución”, alertó el director General de Asesoría Legal de la Alcaldía, Isaac Mauricio Navarro.
LA DENUNCIA
Navarro, ratificó este lunes el inicio de dos acciones penales ante el Ministerio Público por los delitos de destrucción y deterioro de bienes del Estado y privación de libertad, tipificados en el Código Penal, contra dirigentes de padres de familia quienes cercaron y obstaculizaron la salida de servidores públicos, además de ocasionar destrozos en la Casa Municipal la semana pasada.
“La acción de carácter constitucional por su naturaleza sumaria se ha resuelto ese mismo día viernes, en ese sentido la jueza cuarta de partido de sentencia penal de la ciudad de El Alto nos ha dado la razón, nos ha concedido la tutela y ha determinado que el accionar de estos dirigentes de cercar a las instalaciones del Gobierno Municipal eran actos completamente reñidos con el orden constitucional”, señaló Mauricio.
