LARA CONVOCA A LA ASAMBLEA PARA ANALIZAR RESTRICCIONES DE EEUU
El vicepresidente y presidente nato de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), Edmand Lara, convocó a los legisladores a una sesión para el lunes 5 de octubre, a las 15:00, con el objetivo de tratar las restricciones de ingreso anunciadas por Estados Unidos contra ciudadanos bolivianos y definir si corresponde conformar una comisión parlamentaria de investigación.
La convocatoria incorpora al orden del día el informe y las comunicaciones difundidas por el Departamento de Estado estadounidense el 28 de septiembre. Entre los afectados figura el fiscal general del Estado, Roger Mariaca, además de otras autoridades, exautoridades y ciudadanos bolivianos.
Uno de los puntos que deberá considerar el pleno es la posible creación de una comisión con atribuciones y alcance específicos. La instancia tendría como finalidad revisar la información relacionada con las medidas adoptadas por Washington y establecer qué acciones corresponden dentro del ámbito de la Asamblea.
Desde la Vicepresidencia se precisó que el tratamiento parlamentario tendrá carácter informativo y de fiscalización. También se estableció que cualquier actuación deberá respetar el debido proceso, el derecho a la defensa y la presunción de inocencia, además de la independencia del Ministerio Público y de los demás órganos del Estado.
La convocatoria también marca una diferencia entre las restricciones migratorias de otro país y una eventual responsabilidad penal en Bolivia. Una decisión administrativa de Estados Unidos sobre el ingreso a su territorio, por sí sola, no constituye una sentencia ni determina responsabilidad penal dentro del país.
El Departamento de Estado anunció el 28 de septiembre restricciones de visa contra varios ciudadanos bolivianos. En el caso de Mariaca, Washington sostuvo que el fiscal general habría solicitado y aceptado sobornos para facilitar el narcotráfico y ayudar a personas vinculadas con delitos violentos a evadir la justicia. Estas afirmaciones corresponden a la posición del Gobierno estadounidense y no constituyen una determinación judicial boliviana.
Con la convocatoria, la Asamblea tendrá que definir el alcance de su respuesta institucional y establecer si la información difundida por Estados Unidos amerita una investigación parlamentaria. El debate se desarrollará en el pleno el próximo lunes, en una sesión que pondrá el caso bajo consideración de los legisladores.
