FISCALÍA DISPONE MEDIDAS DE PROTECCIÓN PARA DIANA ROMERO POR DENUNCIA CONTRA AMÍLCAR BARRAL
La Fiscalía de Materia dispuso medidas de protección a favor de la diputada Diana Romero Saavedra dentro de la investigación iniciada contra el exasambleísta Amílcar Bladimir Barral Cabero por la presunta comisión de acoso político y violencia política contra mujeres.
La resolución establece restricciones para Barral con el objetivo de evitar nuevos actos de intimidación o contacto con la legisladora. Entre las disposiciones se encuentra la prohibición de realizar amenazas, actos de coacción o acciones dirigidas contra testigos del proceso.
El documento también ordena al denunciado abstenerse de comunicarse, molestar o perturbar a Romero por cualquier medio, ya sea de forma directa o mediante terceras personas. La prohibición alcanza además a los familiares de la diputada.
La Fiscalía estableció una advertencia ante un eventual incumplimiento de estas medidas. De acuerdo con la resolución, la inobservancia de las disposiciones puede derivar en la detención preventiva del infractor por un periodo de tres a seis días.
El proceso tiene como antecedente una denuncia presentada por Romero a inicios de septiembre ante el Ministerio Público en Santa Cruz. La acción penal surgió después de la difusión de un video en redes sociales por parte de Barral, relacionado con una intervención policial a un vehículo en esa ciudad.
En ese contenido, Barral hizo referencia al supuesto consumo de bebidas alcohólicas durante el hecho. Romero rechazó esa versión y exigió la presentación de pruebas que respalden las afirmaciones realizadas en su contra. La legisladora también anunció acciones legales por las acusaciones.
Como parte de su denuncia, Romero pidió al Ministerio Público una valoración y pericia psicológica forense, además del desdoblamiento de la evidencia digital relacionada con las publicaciones. También solicitó garantías para evitar nuevos hechos en su contra.
Con la nueva resolución, la investigación incorpora medidas destinadas a proteger a la denunciante mientras avanza el proceso. La Fiscalía deberá continuar con las actuaciones correspondientes para establecer los elementos del caso y determinar las responsabilidades que correspondan.
La disposición no determina por sí misma la responsabilidad penal de Barral por los hechos denunciados. El proceso continúa bajo investigación y las medidas establecidas buscan evitar posibles actos de presión, intimidación o perturbación contra la diputada, sus familiares o personas vinculadas al caso.
