Hacinamiento y Covid-19 dejan indefensos a reos
El director general de Régimen Penitenciario, coronel Clemente Silva Ruiz, informó que el hacinamiento carcelario, la falta de infraestructura y de personal médico suficiente fueron las desventajas frente a la pandemia del nuevo coronavirus y que terminó con la vida de 56 privados de libertad.
Silva indicó que la Dirección Penitenciaria elaboró planes de contención e intervención frente al Covid-19 que en la ejecución tuvieron sus debilidades y no fueron aplicados al 100% en las nueve direcciones departamentales del país.
“El tema médico estaba bien antes de que ingrese el Covid-19 a los penales, pero cuando ingresó tuvimos carencia de médicos, ahí nos dimos cuenta que necesitábamos muchos médicos; como mucho también perjudicó la falta de infraestructura carcelaria”, indicó la autoridad en el webinar “Situación carcelaria y Covid-19: Retos nuevos y persistentes” organizado por la Organización de Naciones Unidas en Bolivia.
Silva dijo que pese a que Régimen Penitenciario tiene contrato con determinados hospitales para la atención de privados de libertad, cuando los internos eran llevados de emergencia con sospecha de Covid-19 no eran recibidos. Los hospitales argumentaban falta de espacio. “Esta fue una de las causas para las muertes”, apuntó.
El hacinamiento carcelario que supera el 100% fue otro de los perjuicios más grandes a la hora de enfrentar el Covid-19, principalmente en el penal de San Pedro de La Paz, dijo el coronel.
A esto se suma que la infraestructura “no ayudó a tener una zona de contención para detenidos preventivos nuevos, para casos sospechosos y positivos de Covid-19”.
“Esta fue una de las debilidades que tuvimos por falta de espacio geográfico en los recintos penitenciarios, especialmente en San Pedro, después en Oruro y en Cochabamba, donde la infraestructura no ayudaba, cosa que no ocurrió en Santa Cruz con Palmasola ni en Pando ni Beni”, enfatizó.
Según los datos, en 85 días de cuarentena, Régimen Penitenciario registró 453 casos de Covid-19 en las cárceles de ocho departamentos del país, menos en Potosí.
Son 149 casos sospechosos de Covid-19, 118 casos positivos, 109 que lograron el alta médica, 56 fallecidos, 16 hospitalizados y 5 en espera de resultados. El primer fallecimiento ocurrió el 8 de mayo en el penal de Palmasola y el más reciente ocurrió el 3 de agosto en la cárcel de San Pedro de La Paz.
Silva indicó que el nuevo coronavirus ingresó a las cárceles, pese a que se encentraban cerradas a las visitas, por contagios de los privados de libertad en los centros hospitalarios y por los policías de seguridad penitenciaria “que trajeron el Covid-19 al interior de los recintos”.
Pese a las recomendaciones de los organismos internacionales de derechos humanos de descongestionar las cárceles para evitar una tragedia con el ingreso del nuevo coronavirus, en Bolivia muy poco se hizo y el intento con el decreto presidencial de Indulto y Amnistía tuvo escaso impacto, que solo benefició al 1,5% del total de la población penitenciaria cuando estaba estimado favorecer a un 28%.
La población penitenciaria en el país es de 5.873 privados de libertad con sentencias (33,53%) y 11.628 detenidos preventivos (66,44%).
