PAZ PROMULGA LEY QUE DEVUELVE AL GOBIERNO EL PAGO DE PREDIARIOS
Bs 205,9 millones quedaron establecidos para cubrir obligaciones vinculadas con el régimen penitenciario, vacunación, salud preventiva y gestión operativa, tras la promulgación de la ley de prediarios por parte del presidente Rodrigo Paz Pereira.
El cambio principal está en quién debe cubrir estos gastos. Desde ahora, el Gobierno central asumirá el financiamiento de la alimentación de las personas privadas de libertad y los costos del régimen penitenciario, una responsabilidad que durante años estuvo a cargo de las gobernaciones.
El mayor monto, Bs 116,5 millones, corresponde a viáticos de vacunación y salud preventiva. Otros Bs 87,6 millones serán destinados a los prediarios y a la gestión del sistema penitenciario, mientras que Bs 1,8 millones cubrirán la gestión operativa.
La norma distribuye además las tareas entre dos ministerios. El Ministerio de Gobierno tendrá a su cargo los recursos destinados al sistema penitenciario en todo el país, mientras que el Ministerio de Salud asumirá el financiamiento del bono de vacunación.
Paz presentó la medida como una corrección a la forma en que se distribuyeron estas obligaciones durante las últimas dos décadas. Durante el acto de promulgación, sostuvo que una responsabilidad que correspondía al nivel central terminó afectando los recursos de las regiones.
“Luego de 21 años estamos firmando un desagravio, porque aquello que era una responsabilidad central se recargaba sobre los recursos de las regiones”, afirmó el Presidente.
El ministro de la Presidencia, Fernando Aramayo, situó la nueva norma dentro de las medidas que impulsa la administración nacional para enfrentar la situación de las finanzas públicas. Según explicó, la ley forma parte de un conjunto de acciones frente a la denominada “asfixia fiscal”.
La promulgación modifica así la fuente de financiamiento de los prediarios y del régimen penitenciario. Las gobernaciones dejarán de asumir ese gasto y el Gobierno central incorporará los recursos dentro de su presupuesto, con responsabilidades definidas para las áreas de Gobierno y Salud.
El cambio busca establecer con mayor claridad qué nivel del Estado debe responder por estos gastos y evitar que la obligación continúe recayendo sobre los presupuestos departamentales.
